El elemento de Seguridad Privada intentó aplicar el mismo protocolo que les habían indicado para recibir a los visitantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y que tantas críticas había provocado por parte de los litigantes:

—¿A qué oficina se dirige—preguntó el uniformado.

En otras circunstancias, el visitante tendría que esperar afuera (en pleno sol) para que el elemento de seguridad preguntara si el funcionario solicitado se encontraba en su oficina y si tenía tiempo de atenderlo.

Pero en esta ocasión, el joven espigado vestido con traje oscuro de aparente marca extranjera empujó la puerta al tiempo que se presentaba.

—Soy el licenciado Isaías Rodríguez y soy el nuevo fiscal anticorrupción— dijo para luego entrar acompañado de una decena de personas igualmente trajeados.

Eran las 8:15 del jueves de septiembre del 2023. Los empleados de la Fiscalía Anticorrupción estaban desconcertados, pues la noche anterior se habían retirado con la idea de que el titular de la institución, Juan Salazar Núñez, había anunciado su retiro temporal para competir por una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, dejando en su lugar al vicefiscal Edgar Núñez Urquiza.

Isaías Rodríguez le pidió al primer funcionario que encontró que le mostrara las instalaciones, y que reuniera al personal en el patio que sirve también de estacionamiento. Ya para ese momento los elementos de seguridad privada habían reportado a sus superiores que las instalaciones estaban rodeadas de elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC).

—¿Quién tiene la Carpeta del Fiscal? —, preguntó en voz alta el nuevo funcionario. Nadie contestó.

—La tiene el doctor Urquiza— dijo tímidamente una mujer.

—Pues localícenlo. Necesito ese expediente ahorita mismo—.

Enseguida, el sedicente nuevo fiscal y sus auxiliares comenzaron a ocupar las oficinas que anteriormente eran de Juan Salazar, Edgar Núñez y Zeus Gutiérrez, así como cinco abogados “incondicionales”.

Ninguno de ellos ha regresado por sus cosas a las oficinas de calle Estrada Cajigal colonia Lomas de la Selva.

Alguien redactó un texto (sin logotipo ni nada) en el que se informaba que “el día de hoy, 14 de septiembre de 2023, ha tenido lugar un cambio en la titularidad de esta Fiscalía Especializada, por tanto, el Licenciado Isaías Rodríguez Moreno, ha asumido el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Ello debido a que el Doctor en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez presentó su renuncia al cargo y por tanto ha concluido definitivamente su función”.

Y remataba:

“…se ha iniciado el proceso para la suspensión y cese de diversas personas servidoras públicas adscritas a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.

El intento de comunicado (en el que no se explica quién designó a Isaías ni con qué fundamento legal), fue subido a la página de Facebook a las 13:17 horas del mismo jueves 14. A esa misma hora, el servidor público salía rápidamente a los juzgados penales de Atlacholoaya donde se llevaría a cabo la audiencia de imputación en contra de su jefe por el delito de tortura.

Una noche antes, en el Penal Federal del Altiplano, gente de Salazar y Urquiza se habían apersonado llevando consigo una orden de aprehensión librada por una juez del Poder Judicial de Morelos, en contra de Uriel Carmona Gándara, quien sería dejado en libertad por órdenes de un Tribunal Colegiado con respecto a otro proceso legal. Por razones desconocidas, Uriel no fue entregado a los policías ministeriales de Morelos esa noche, se quedó en el penal de máxima seguridad, pero a disposición de un juez del estado de Morelos.

Isaías Rodríguez, quien aparece en varios videos a las afueras del Reclusorio Sur en espera de la liberación de Uriel Carmona (es el que grita “Así no Claudia”), fue designado a las 8 de la mañana del 14 por el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, Carlos Andrés Montes, y a las 14 horas ya estaba entregando al Juzgado un documento en el que la institución “se desistía” de la acción penal, pero sólo por cuanto a Uriel Carmona.

Con lo que no contaban es que el juez Natanael Subdías Aguilar no admitiría su desistimiento y que sustituiría a la representación social del fuero común por fiscales federales que llegaron escoltados por elementos de la Marina, y que al término de la audiencia decretaría la prisión preventiva justificada en contra del todavía fiscal, que presenció todo a través de una pantalla.

Esa noche, después de que concluyó la audiencia en Atlacholoaya, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (siempre acompañados de elementos de la Marina Armada de México), irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción y realizaron una especie de cateo.

Desde ese momento existen dos Fiscalías Anticorrupción: la primera, que encabeza Isaías Rodríguez y que se encuentra físicamente en las instalaciones de la colonia Lomas de la Selva; y otra que está “en el exilio” y que encabeza Edgar Núñez Urquiza. Ellos están escondidos y tramitando amparos, al igual que Juan Salazar Núñez, quien en este asunto quedó “entre la espada y la pared”, y ahora es considerado un traidor.

Lo que no se sabe es cuál de las dos Fiscalías mencionadas subió un comunicado de prensa ayer a las ocho de la mañana, narrando los hechos que ocurrieron ¡una semana antes!

“El contingente (unos 40 elementos entre policías preventivos y marinos) tomó posesión del lugar, limitando la movilidad del personal administrativo y de guardia que se encontraba laborando, iniciando dichos elementos el registro de todas las áreas sin autorización ni supervisión y sin mostrar ningún documento que les autorizara o justificara la legalidad de la intervención, y sin identificarse algún mando a cargo del despliegue. Y es de destacar que fueron revisadas incluso aquellas áreas donde se resguarda evidencia y el archivo institucional”.

A este comunicado, la CES contestó con otro, indicando que nunca hubo nada ilegal, pues acudieron en respuesta al llamado de una persona que refirió a través del 9-1-1 que desde las 08:30 horas arribaron a su lugar de trabajo elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y retuvieron en contra de su voluntad al personal que se encontraba laborando al interior de las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que pidió el apoyo.

“Además, se recibió una denuncia en las oficinas del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) por una persona que se identificó como colaboradora de la Fiscalía Anticorrupción, quien autorizó el ingreso derivado de la privación ilegal de la libertad de personal, por lo que se llevó a cabo un dispositivo de seguridad para corroborar lo que sucedía”.

HASTA EL LUNES.