Ayer hablamos en este espacio de la reacción de los fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar (casualmente ambos designados durante el régimen de Graco Ramírez) al conocer la resolución de la jueza Alejandra Trejo Reséndiz de dejar en libertad al presunto homicida Alberto Ibarra Martínez, “El Diablo”. En las próximas horas, la Fiscalía Anticorrupción le imputará cargos por delitos contra la administración de justicia.

Pues bien, hoy conoceremos otro caso similar, el de la Juez Elvia Terán Peña, a quien también pretenden meter a la cárcel —o por lo menos vincular a proceso— por haber dejado en libertad a una perito de la Fiscalía General del Estado acusada de ¡cuatro delitos! Inventados por el famosísimo fiscal Urquiza, quien aspira a ser titular de la FECC en cuanto su jefe se vaya de magistrado.

Fue el 13 de diciembre de 2022, que la madre denunció que su hija de cuatro años había sufrido tocamientos lascivos por parte de su padre, Aldo “N”, quien fue detenido el 27 de diciembre en Cuernavaca y a inicios del mes de marzo de 2023 fue vinculado a proceso y por ahora se encuentra en prisión preventiva.

Pero la denunciante (de nombre Giovanna) no se conformó con meter a la cárcel a su ex pareja, sino que se fue contra la perito de nombre Yumaira, a la que acusó ante la Fiscalía Anticorrupción de pretender ayudar al imputado.

El caso fue tomado directamente por el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, quien le imputó delitos cometidos por servidores públicos, fraude procesal, obstrucción a la justicia, y falsedad de declaraciones, además de que solicitó la remoción de Yumaira temporalmente, situación que fue negada por la juzgadora, Elvia Terán Peña, pues se estaría violando su derecho a la presunción de inocencia.

Aquí se dio un caso un tanto extraño al interior de la Dirección de Servicios Periciales que encabeza Samuel Nava Vázquez. De acuerdo a la también perito en Psicología, Ivonne, en el mes de diciembre del 2022 ella evaluó a una menor de edad por el delito de abuso sexual, siendo el agresor un familiar bastante directo, y Erick César Dorantes Olivo y Nava Vázquez perdieron ese dictamen, teniéndolo que entregar nuevamente el día 23 de enero del presente año, pero también desapareció.

“Yo tengo los acuses del mismo dictamen con ambas fechas, entonces lo más fácil hubiera sido que tanto Nava, como Érick, me hubieran enviado un documento para que yo repusiera el dictamen y continuar con la investigación y no violentar los derechos de la menor”, declaró la perito al periodista Héctor Raúl González.

“Lo más fácil para ellos fue pedirle a la sicóloga Yumaira Reyes Guerrero que evaluara nuevamente a la menor; por dicho de la mamá, comenta que ella acudió con la menor y con personal de Derechos Humanos y que la sicóloga tuvo una actitud bastante negativa y que incluso su hija salió más afectada en ese momento, aplicándole pruebas y ya la sicóloga después se retractó y dijo que ya no iba a hacer ningún dictamen, pero de manera verbal le dijo a la señora que su hija no tenía ninguna afectación por el delito”.

Yumaira sostuvo ante la juez que eso no fue cierto, y que ella le explicó a la mamá que no podía hacerle una evaluación a la niña porque sólo habían pasado dos meses de la primera y la norma establece que deben pasar seis meses, por lo que sólo hizo una “tarjeta informativa” dirigida a la agente del MP que llevaba el caso.

En dicho documento, la perito en psicología le dice a la agente del Ministerio Público que “”no se puede determinar daño moral y/o psicológico a la menor víctima de nombre ————— ya que la C. —————— mamá de la menor ya antes mencionada refirió el día 09 de febrero del 2023 que su menor hija ya fue evaluada el día 13 de diciembre 2022 con la psicóloga del turno vespertino ———————— . Por lo que para realizar una nueva evaluación psicológica tiene que pasar la temporalidad de mínimo 6 meses ya que habría una sobrevaloración”.

Y es que, según refieren otros empleados de la Fiscalía, el director de Servicios Periciales no puede decirle nada a la perito Ivonne porque ella lo tiene denunciado por acoso laboral, de ahí que le pida a Yumaira que “le dé la atención a la señora Giovanna”.

Cabe mencionar que, para ese momento, la señora Giovanna ya iba acompañada de una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, y había presentado una queja en la Visitaduría.

Un dato importante es que —según lo que refieren fuentes de la misma dependencia— desde la primera vez que Ivonne evaluó a la niña, le recomendó someterla a terapia psicológica, que ella misma le ofreció, pero de manera particular.

A partir de ese momento la perito Yumaira ha sido sometida a un “juicio mediático”, no sólo por la señora Giovanna, sino también por su colega Ivonne y por la Fiscalía Anticorrupción.

Y si no nos cree, cheque usted mismo, estimado lector, el comunicado que ordenó Juan Salazar que hiciera su oficina de Comunicación Social, después de la audiencia de imputación (a la que fue citada en calidad de testigo la perito y ahí se enteró de que le estaban imputando los cuatro delitos):

Este martes 18 de abril de 2023, en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 15 datos de prueba contra Yumaira "N", quien fue denunciada por la madre de la menor afectada, ya que, presumiblemente intentó persuadirla para no continuar con el proceso penal en contra del agresor de la menor, diciéndole que su asunto se iba a "caer" y no procedería en los juzgados, además de violentar a la niña, al someterla a pruebas sicológicas, sabiendo que no podía hacerlo, debido a que no tenía la instrucción del agente del Ministerio Público encargado de la investigación, en tanto que, debía  esperar un periodo de seis meses, ya que sólo habían pasado dos desde que la menor fue sometida a una evaluación por parte de otra perito en sicología, cuyo dictamen presuntamente fue extraviado.

Y pese a que la madre y la abuela de la menor atestiguaron el momento en que la perito realizó las pruebas a la niña, ella incorporó un oficio en la carpeta de investigación negando haber analizado a la niña, aun cuando la sometió a una entrevista y le pidió que realizará diversos dibujos.

Eso sí, al terminar en el último párrafo del boletín deja en claro que “de acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

El 24 de abril, tras conocer el veredicto de la juez Terán Peña, la FECC emitió un nuevo comunicado en el que advierte que “La Fiscalía Anticorrupción no tolerará ninguna acción que dañe a las víctimas y que incumpla con los protocolos, por lo que dentro de los plazos legales se presentará el recurso de apelación respectivo”.

Y el dos de mayo, después de que la señora Giovanna se manifestara frente a la Fiscalía Anticorrupción llevando una lona con la fotografía de la juez Elvia Terán tildándola de “corrupta” (sin haberle comprobado en que consistió el acto de corrupción), la FECC publicó en su muro de Facebook una fotografía en la que aparece el vicefiscal atendiendo a la denunciante, con el siguiente pie de foto:

Por instrucciones del Fiscal Anticorrupción de #Morelos Dr. Juan Salazar Núñez, el vicefiscal Dr. Édgar Rodolfo Núñez Urquiza atendió a la madre de una niña víctima de abuso sexual, quien solicitó se judicialice la carpeta de investigación que inició contra una Jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

¿Eso no es intimidación para que los jueces no se atrevan a rechazar lo que ellos piden en sus solicitudes de vinculación?

HASTA MAÑANA.