No es por hacerle segunda al huésped del Palacio Nacional que quiere desaparecer todo lo que carezca de una utilidad o resulte demasiado costoso mantenerlo, pero el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), gasta mucho dinero y, en los asuntos que la gente quisiera que interviniera, simplemente dice que no cuenta con las herramientas jurídicas para hacerlo y le echa la culpa al Congreso.

Un tema que la sociedad reclama mucho son los actos anticipados de campaña. Todos los días vemos infinidad de espectaculares y bardas pintadas con los nombres o apodos de los que aspiran a ocupar la candidatura de Morena al gobierno de Morelos, pero el Impepac no puede iniciar un procedimiento si no hay una queja o denuncia de un ciudadano o partido político.

Lo más que puede hacer es abrir un expediente, sustanciar la queja y remitir el mismo al Tribunal Estatal Electoral, cuya resolución puede ser impugnada ante dos instancias más, de tal manera que cuando quede firme el veredicto el acusado ya estará en Palacio de Gobierno o fuera de la contienda. Actualmente hay 15 de esos “procesos especiales sancionadores”.

La otra asignatura pendiente en el Impepac es la que tiene que ver con la violencia política en razón de género. La semana pasada hubo una reunión entre miembros del Impepac y mujeres ex funcionarias públicas, precandidatas de procesos electorales pasados, militantes, activistas, abogadas, periodistas e integrantes de colectivas feministas.

Al arranque de la reunión, las consejeras y consejeros expusieron el marco normativo, así como de los materiales y lineamientos que rigen las actividades del Impepac para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. No obstante, reconocieron que con estas herramientas están limitadas y no les permite dar una respuesta y seguimiento efectivo.

Y como ejemplo destacaron que cuando han ordenado alguna medida preventiva o de seguridad para alguna mujer política bajo amenazas o víctima de violencia política de género, la respuesta que obtienen de la Comisión de Seguridad Pública (CESP)- encabezada por José Antonio Ortiz Guarneros- es que no cuentan con los elementos necesarios o incluso se limitan a responder que pueden contratar seguridad privada.

“No hemos generado un reglamento a la fecha y sí hemos hecho el lineamiento, si bien el Código dice que nosotros tenemos una facultad reglamentaria por ser un órgano constitucionalmente autónomo esa facultad se limita únicamente a lo que el Código nos puede permitir”, dijo el consejero Javier Arias, al tiempo de responsabilizar al Congreso de Morelos por no legislar para reformar en materia de violencia política en razón de género.

“Y como el Código no nos ha permitido porque el Congreso, insisto con el respeto que se merece,  no ha legislado en la materia, entonces nosotros no podemos sacar un reglamento de algo que en la norma todavía no existen, me refiero en la norma local, esa ha sido la razón por la cual nosotros nos hemos ido a través de reglamentos bajando la legislación federal aplicando los criterios de los órganos jurisdiccionales porque no tenemos la norma jurídica, que como tal nos abra la puerta para que nosotros entremos a regular el procedimiento”, añadió el consejero electoral.

Las ciudadanas que solicitaron la creación del reglamento, en voz de Perla Pedroza, experta en derecho electoral, insistieron en que sí existe la posibilidad de generar las herramientas utilizando la normatividad existente:

“Está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos  que en el artículo 19 regula la violencia política en Morelos y  una de las normatividades que influyeron para la reglamentación a nivel federal fue la Ley General de  Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; También está el reglamento del INE que vincula a los OPLE’s  y la normatividad general para sus actuaciones, podría ser por ahí;  ustedes pudieran dotarse de facultad para poder llevar a cabo este Reglamento”, destacó la abogada electoral.

En la reunión, se vertieron testimonios de políticas que han sido víctimas de violencia de género y señalaron de manera clara y contundente la ineficacia de los lineamientos emitidos hasta el momento por el Impepac.

Durante la reunión de trabajo sostenida en el Salón de Sesiones del Consejo Estatal Electoral, participaron la consejera presidenta del órgano electoral Mireya Gally Jordá; las consejeras electorales Isabel Guadarrama Bustamante, Elizabeth Martínez Gutiérrez y Mayte Casalez Campos; así como los consejeros electorales Alfredo Javier Arias Casas, José Enrique Pérez Rodríguez y Pedro Gregorio Alvarado Ramos.

En dicha mesa se hizo entrega formal a cada una de las participantes del marco normativo, así como de los materiales y lineamientos que rigen las actividades del Impepac para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, materiales que pueden ser consultados en la página oficial del instituto, en el micrositio: http://impepac.mx/fortalecimiento-a-la-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-en-la-participacion-politica/

Al finalizar la reunión hubo opiniones encontradas. Mientras que las participantes consideraron que no obtuvieron la respuesta que esperaban, el Instituto emitió un comunicado en el que incluso dijo que “diversas activistas reconocieron el trabajo del instituto, así como el diálogo abierto que siempre ha sostenido con la sociedad, lo cual ha permitido que en procesos electorales anteriores, Morelos haya sido punta de lanza a nivel nacional en materia de paridad de género y acciones afirmativas tendientes a garantizar la participación política de las mujeres en los procesos electorales, así como en los cargos de elección popular”.

Según la institución que encabeza Mireya Gally Jordá, los procedimientos sancionadores que se desahogan por actos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres, “son atendidos con perspectiva de género y en estricto cumplimiento al marco normativo nacional e internacional en la materia, buscando siempre la capacitación y sensibilización del personal que brinda atención a las víctimas”.

Finalmente, las consejeras y consejeros electorales manifestaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las distintas representaciones de la sociedad civil en beneficio de los Derechos Político Electorales de las mujeres, garantizando en todo momento los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.

Pareciera pues, que se trató de dos reuniones en las que cada grupo vio y escuchó cosas diferentes.

HASTA MAÑANA.