Una de las características de la llamada Cuarta Transformación es que para ellos son innecesarios los órganos autónomos que garantizan la información pública y la lucha contra la corrupción, bajo la premisa de que la corrupción se terminó con el inicio del presente gobierno, y que responder solicitudes de información de la ciudadanía sólo quita tiempo a los servidores públicos del gobierno federal.

Con esa narrativa que diariamente recalca el presidente Andrés Manuel López Obrador cada mañana durante cinco días a la semana, el Poder Legislativo y los gobiernos de los estados están replicando la misma política con respecto a los órganos locales: dejar que solitos se mueran.

A nivel nacional, el Senado de la República designó a los dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), a unos días de que llegara el plazo fatal. Y es que la ley establece que el pleno del INAI se conforma por siete comisionados y sus sesiones son válidas con la asistencia de cuando menos cinco.

En marzo de 2022 terminaron su periodo dos comisionados; desde entonces hasta febrero de 2023, con cinco comisionados, el pleno del INAI llevó a cabo 42 sesiones ordinarias y una extraordinaria, en donde se resolvieron alrededor de 24 mil recursos de revisión, de acuerdo con datos del propio órgano autónomo. No obstante, el último día de marzo un integrante más terminará su periodo y, por ende, no habría quórum legal.

Por suerte, el miércoles los legisladores “les hicieron el favor” de cubrir esos espacios y se evitó —por ahora— la desaparición de facto del INAI.

En el Sistema Nacional Anticorrupción también ha habido cierta resistencia para designar a los representantes, pero donde sí existe un ataque sistemático por parte del gobierno, es en la capital del país.

El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México (SLA CDMX) prácticamente ha desaparecido con el desmoronamiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC). El 16 de febrero los tres integrantes del Comité que quedaban –de un total de cinco– anunciaron su renuncia ante la falta de recursos y diálogo con el Gobierno capitalino y otros organismos. “Todo lo anterior ha generado que la Ciudad de México sea la única Entidad Federativa del país que no haya dado paso alguno en la construcción de la Política Anticorrupción. Por lo anterior, es que presentamos nuestra renuncia como integrantes del Comité de Participación Ciudadana”, señalaron en un comunicado Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, Ilian Fabiola Maldonado Salvador y Jorge Alberto Vázquez Segura.

En Morelos la cosa anda por ese mismo rumbo, y no por culpa del Poder Ejecutivo, sino por los 15 diputados que pretenden tomar el control del estado desde hace algunos meses.

Aquí existe un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos que originalmente tuvo cinco integrantes elegidos por nueve miembros de la sociedad que honoríficamente se encargaron de hacer el proceso de selección. La Ley anticorrupción del estado de Morelos contempla que los miembros del CPC tengan una duración “escalonada” en el cargo para evitar componendas. Así, el 2 de mayo de 2019 tomaron protesta Roberto Coránguez Esquivel duró un año en el cargo; Penélope Picazo, 2; Edgar López Betanzos, 3; Damiana Herrera Mota, 4; y Alejandro Enríquez Hermida, designado por cinco años.

No tiene caso hablar de que durante los primeros años los miembros del CPC se enfrascaron en conflictos estériles que impidieron cualquier avance, lo importante es que hoy, por culpa del Congreso local, esta institución está a punto de quedar inoperante.

Le explico: De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Anticorrupción, el Congreso del estado debe elegir a los miembros de la Comisión de Selección que habrán de elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Los primeros nueve terminaron su periodo el 13 de julio del 2021, es decir, cuando estaba la que considerábamos “la peor legislatura de la historia”.

Pero no contábamos con que la que vendría sería peor. Si la Quincuagésima Cuarta Legislatura se caracterizó por nunca ponerse de acuerdo para nada, la Quincuagésima Quinta se ha distinguido por su “valemadrismo” y soberbia.

Desde hace muchos meses, la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Damiana Herrera, le ha enviado infinidad de oficios al Congreso Local advirtiéndoles que se requiere cubrir los espacios que han ido quedando vacíos para garantizar la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el último de ellos —con sello de recibido del 20 de febrero del 2023— los “sobrevivientes” del CPC le recuerdan a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Paola Cruz Torres, que desde septiembre del año pasado le pidieron a la Junta Política y de Gobierno dar inicio al procedimiento para la elección de los integrantes de la multicitada comisión, “a fin de poder avanzar con la aprobación e implementación de la política anticorrupción en el estado de Morelos”.

Asimismo, le hacen del conocimiento que con el término de la gestión de la actual presidenta del CPC, “se ve seriamente afectado el sistema anticorrupción ya que sólo se quedaría un integrante del Comité de Participación Ciudadana”, y no habría forma de sesionar.

“No podemos soslayar la importancia de las evaluaciones desfavorables para el estado de Morelos en diversos tópicos relativos a la lucha contra la corrupción, como el Índice del Estado de Derecho en México 2021—2022 elaborado por World Justice Project en el cual se pueden apreciar las áreas de oportunidad para revertir estas métricas”.  Si nos metemos a la página mencionada encontraremos que —por ejemplo— Morelos ocupa el número 31 de 32 estados con una puntuación de 0.29 en Justicia Penal.

El oficio termina con un párrafo que no sabemos si está escrito con sarcasmo o es lo que piensan en realidad:

“Conocedores de su compromiso en la lucha anticorrupción, tan necesaria en nuestro estado por los altos índices de corrupción, impunidad y opacidad imperantes, de su sensibilidad y compromiso con las y los morelenses, no dudamos de que la presente solicitud será atendida a la brevedad”.

Han pasado 10 días desde que lo recibieron en la oficialía de partes del Congreso y no hay visos de respuesta. Las diputadas y los diputados sólo piensan en el helicóptero que se va a comprar el fiscal del estado con el dinero que ellas y ellos le autorizaron, y que seguramente les prestará para recorrer el estado.

HASTA EL LUNES.