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Así como los morelenses no queremos que llegue septiembre por aquello de los temblores, seguramente la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, se preguntará a partir de este mes: “¿y ahora qué me va a pasar en febrero?
Coincidentemente, dos de los acontecimientos que más han marcado su trayectoria profesional ocurrieron en el mes de febrero: en 2013 sus elementos atacaron a tiros al entonces procurador Rodrigo Dorantes, y 10 años después dos de sus más cercanos directivos fueron detenidos acusados de haber asesinado a un abogado y empresario.
Aquel 8 de febrero del 2013, Alicia Vázquez Luna era secretaria de Seguridad Pública del estado de Morelos. Graco Ramírez la había designado con la promesa de terminar con la delincuencia en un plazo de 18 meses “y si no me voy”, prometía el tabasqueño en campaña. Ni acabó con la delincuencia y tampoco dejó el cargo sino hasta el 2018.
En aquella ocasión se recibió una llamada al C5 indicando que hombres armados se desplazaban en dos camionetas —una Nissan y una Yukón— sobre la avenida Diez de Abril, colonia Las Granjas. Patrullas de la Policía Acreditable los alcanzaron y les marcaron el alto, al no obedecer los masacraron a balazos.
Al otro día, Alicia Vázquez Luna y Rodrigo Dorantes tuvieron que aparecer en una conferencia de prensa encabezada por el mandatario Graco Ramírez en la que prometió una “investigación a fondo para deslindar responsabilidades”. Alicia siempre defendió la teoría de la confusión, pero entre los policías de investigación criminal nunca dudaron de que se trató de una ejecución y que iban sobre el procurador Dorantes.
Los responsables fueron detenidos y como medida cautelar estuvieron en prisión un año; después quedaron en libertad y el 27 de octubre de 2020, el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial los libró de toda culpa en su sentencia definitiva.
El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso de apelación que se resolvió en junio de 2021.
Los integrantes de la Segunda Sala, Norberto Calderón Ocampo, Jorge Gamboa Olea (hoy presidente del TSJ) y Andrés Hipólito Prieto resolvieron que Héctor Rodríguez Camacho, César Palma Vara, Antonio Salgado Castro, Tizoc Jiménez Carbajal, José Pastor Nava, Raymundo López López, Julio César Aragón Garcés, Misael Manzanares Antonino, Alfredo Villegas Cisneros y Óscar Hernández Vidal, sí son responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, y fueron condenados a 16 años 8 meses de prisión y al pago de multas económicas.
Lo anterior en agravio de Rafael Barranco Mejía, Joaquín Ceballos Juárez y Héctor Rojas Popoca, que perdieron la vida durante el ataque, y de Rodrigo Dorantes Salgado, Alejandro García Brito, Alejandro López Jáuregui y Jorge Costet Orihuela, respectivamente.
Contra esa resolución, la defensa de los sentenciados promovió un recurso de amparo que está pendiente de resolver.
Aunque en el incidente no tuvo responsabilidad directa la entonces titular de la SSP, sí afectó su imagen frente a la corporación estatal, por lo que Graco Ramírez le pidió la renuncia en diciembre de ese mismo año. En enero entró en su lugar Jesús Alberto Capella, quien se mantuvo en el cargo hasta el fin del sexenio.
Diez años más tarde ocurre otro hecho en el que tampoco tiene responsabilidad directa, pero sí vuelve a ponerla “en el ojo del huracán”.
El pasado miércoles 6 de febrero, alrededor del mediodía, elementos de la Policía de Investigación Criminal se apersonaron en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano y pidieron hablar con la titular, Alicia Vázquez Luna. Llevaban en sus manos una orden de aprehensión en contra de Hugo Ochoa y José Alfredo Uribe, responsables de las áreas de C4 y Policía Cibernética, respectivamente.
Alicia Vázquez Luna tuvo que entregar a quienes no solamente eran sus subordinados, sino también sus personas de confianza. Hugo Ochoa tuvo un cargo similar en la Secretaría de Seguridad Pública cuando Alicia fue titular con Graco Ramírez. Ambos firmaron un contrato para el pago de 45 millones de pesos a una empresa ligada a Genaro García Luna por la adquisición de un sistema de comunicación que nunca se utilizó.
La detención de los dos funcionarios de la Seprac fue aprovechada por los detractores del alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado para golpearlo políticamente. No obstante que el delito que les imputan no tiene relación con sus funciones como servidores públicos, y que los hechos ocurrieron antes de que fueran designados funcionarios, no faltó quien los exhibiera como “gente de Urióstegui”.
Los acusan de haber participado en el homicidio de Rafael Botello Martín, de 37 años, abogado y empresario, ocurrido el 2 de septiembre de 2021, en la calle Cuesta Clara de la colonia San Cristóbal, en Cuernavaca. El cuerpo presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, manos, espalda y tórax. Los vecinos dijeron haber escuchado seis disparos.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado señaló que el día en que Rafael fue asesinado salió de su casa, en la colonia Lomas Tetela, para desayunar con su socio, Hugo Ochoa Delgado, en el restaurante “El Refugio”, ubicado en la calle Paseo del Conquistador de la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca.
Un día antes, los socios acordaron reunirse para tratar un tema de negocio: la licitación para abastecer de sanitizante a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en dónde Rafael aportó un capital de 840 mil pesos y que nunca se realizó.
Ese jueves 2 de septiembre de 2021, Rafael salió del restaurante y caminó hasta su camioneta que dejó estacionada cerca de ahí, en la calle Cuesta Clara. Al tratar de subir a su vehículo, el hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego.
En una entrevista, Hugo dijo a un agente que ese día desayunó con Rafael, y alrededor de las 12:30 horas se despidió de él. Hugo cruzó la calle con rumbo a una tienda Oxxo. Pero la versión de una mesera y de la dueña del restaurante “El Refugio” es diferente: Hugo nunca llegó a la cita. Rafael estuvo solo, todo el tiempo.
Teniendo como sustento las declaraciones de la dueña del restaurante y una empleada, la Fiscalía inició la investigación y solicitó un informe de los equipos de comunicación de Hugo, y por medio de su teléfono móvil, lo ubicó cerca de la escena del crimen.
Del reporte telefónico se desprendió que Hugo se comunicó con José Alfredo Uribe, la segunda persona imputada, por lo que solicitaron otro informe del celular de José Alfredo, y también fue ubicado cerca del lugar de intervención.
La Fiscalía también pidió un informe del teléfono de Rafael, mismo que nunca fue hallado pero un día después de su muerte, el aparato se ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.
Hoy lunes se reanudará la audiencia en la que se dictará auto de libertad, o de vinculación a proceso en contra de ambos servidores públicos. Lo más seguro es que sea lo segundo, lo que impactará mediáticamente en Alicia Vázquez Luna, hoy por hoy la funcionaria más controversial del gabinete del alcalde de Cuernavaca.
HASTA MAÑANA.
