La rapidez con que ocurrió todo, y el sigilo con el que se actuó, hizo que en la película “la detención del lobo que se volvió canguro” quedara como justiciero vengador el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez. Sentimos desilusionarlos, pero aquí la única persona responsable de que Francisco Antonio Villalobos Adán esté momentáneamente tras las rejas se llama Eddie Sandoval Lomé, juez dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

De hecho, en la audiencia de formulación de imputación, el juzgador evidenció a la Fiscalía Anticorrupción, lo mismo que a los abogados del Ayuntamiento de Cuernavaca, del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC), pues de haber dejado el pliego de imputaciones como venía, hoy Villalobos y todos los demás acusados estarían celebrando en una playa.

Con la copia de la denuncia que hizo Fabiola Urióstegui, y el video de seis horas en nuestro poder, podemos afirmar que todos se equivocaron y que el objetivo no era meter a la cárcel al ex alcalde, sino solamente hacer como que cumplían con su trabajo. Hay un momento de la audiencia en el que el juez advierte que él no va a permitir la impunidad, y entonces expone sus razones por las que considera que no se dan los delitos de Peculado y Ejercicio Ilícito del servicio público, pero en cambio sí se cumplen los supuestos del Ejercicio Abusivo de Funciones, con la característica de que éste último implica forzosamente la prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

En orden cronológico, debemos comenzar explicando que con fecha 16 de enero de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió la querella presentada por Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, en su carácter de directora general del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos contra quien resulte responsable “por la presunta conducta ilícita que pudiera constituir algún delito”. Nótese que la denuncia es de lo más ambigua, pues no menciona nombres de probables responsables y tampoco el delito que está denunciando.

En dicha querella, se explica que el SAPAC y el Instituto de Crédito celebraron en 1986 un convenio para la adquisición de créditos para los trabajadores del Sistema de Agua, sin embargo, “no ha enterado los descuentos respectivos por los conceptos aludidos en el hecho precedente desde la primera catorcena de enero de 2019 a la primera catorcena de octubre del 2019, incumpliendo con esto la obligación de enterar a mi representado la cantidad que asciende a 6,888,636.00”, que ya con el interés moratorio supera los nueve millones de pesos.

Pasaron dos largos años para que la FECC pudiera judicializar la denuncia, tan es así que cuando fueron requeridos los funcionarios señalados como responsables, estos ya no ostentaban los cargos por los que les imputan los delitos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que fueran requeridos para formularles imputación por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, los siguientes ex servidores públicos:

Francisco Antonio Villalobos Adán, presidente; Anayeli Rodríguez Gutiérrez, Jesús Martínez Dorantes y Gerardo Enrique Güemes Manzo, regidores integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC, así como el que fuera director general Fernando Blúmenkron Escobar y Anayeli Cabañas, directora administrativa. Aquí cabe mencionar que la Ley Estatal de Agua Potable señala que también la síndica forma parte de la Junta de Gobierno, pero hasta el momento se desconoce la situación jurídica de Marisol Becerra, quien ocupaba ese cargo.

El 23 de septiembre pasado se realizó la audiencia en la que el juez Eddie Sandoval Lomé les notificó a los ex servidores públicos que les estaban imputando los delitos ya mencionados, fijándose el jueves 28 de septiembre a las 11 de la mañana para desahogar la audiencia en la que se resolvería si quedaban exonerados o sujetos a un proceso penal.

Ese día, llegaron los imputados con sus respectivos abogados: Fernando Blúmenkron con Ameth Bermúdez; Anayeli Cabañas con Gibran Haro; Anayeli Rodríguez con Juan Manuel Cuéllar; Enrique Güemes con Cristina Sánchez Giles y Ernesto Maldonado Valencia con Jesús Martínez Dorantes.

¿Y el ex presidente municipal Antonio Villalobos?

“Su Señoría, hago del conocimiento que minutos antes de la audiencia me fue informado por un familiar del licenciado Villalobos Adán que tuvieron un accidente en la autopista, me enviaron fotografías, ya llegó la ambulancia y van a ser trasladados a un hospital”, dijo el abogado Jesús García Aguilar. El juez aceptó que el litigante quedara como representante del imputado por lo que se declara abierta la audiencia y se procede al ofrecimiento de pruebas.

Después de un receso de dos horas, el juez declara nuevamente abierta la audiencia y antes que nada le pregunta al abogado García Aguilar sobre el estado de salud de su cliente, a lo que este le contesta que le dicen sus familiares que necesitan sacarlo del hospital para llevarlo a hacer un estudio especializado pero hay alrededor de 30 policías rodeando el nosocomio. “Proceda conforme a lo que usted considere”, respondió lacónico el juzgador.

Luego procedió a dictar su resolución, comenzando por Fernando Blúmenkron, declarándolo absuelto de los cargos por haber denunciado a sus superiores oportunamente que no se estaban entregando al Instituto de Crédito los descuentos realizados a los trabajadores. Sobre Anayeli Cabañas Martínez, dijo que la Fiscalía Anticorrupción equivocadamente le imputó los delitos cuando ella apenas ocupó nueve días el cargo en el periodo en el que supuestamente se cometieron, por lo que le concedió la libertad absoluta.     

Ya eran las siete de la noche cuando el Juez comenzó a hablar de que la Fiscalía Anticorrupción se había equivocado al tipificar los delitos que les imputaban a los ex funcionarios que quedaban, pero que él tenía la facultad legal de reclasificar el delito, y en ese momento pidió al encargado de sala que llamara a los elementos policiales “para evitar cualquier sustracción”.

Acto seguido les comunicó que el delito que para él se configura es el de Ejercicio Abusivo de Funciones, y que está dentro del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué se considera que se materializa este hecho ilícito?, preguntó el juzgador, y se contestó él mismo:

“Primero, porque este juzgador no va a crear impunidad. Si bien es cierto el fiscal erró en lo que es la clasificación jurídica, por eso la ley faculta al Juez en este caso de Control, de establecer de acuerdo a los hechos cuál es la figura típica que se materializa. En primer lugar estamos hablando de servidores públicos. Como quedó precisado con anterioridad, se reitera (que) Francisco Antonio Villalobos Adán era presidente municipal de Cuernavaca y presidente de la Junta de Gobierno del SAPAC, Gerardo Enrique Güemes Manzo era regidor de la Coordinación de Organismos descentralizados, Anayeli Rodríguez también era regidora, pero lo más importante para realizar la presente reclasificación es que, por tal carácter que tenían conformaron lo que es la Junta de Gobierno  y ya se dijo que el desconocimiento de la ley no implica una conducta de absolución”.

Ya para ese momento, empleados del despacho GABA se encontraban en el Juzgado de Distrito solicitando un amparo para sacar a Villalobos Adán del hospital Morelos “para llevárselo a tomarle una tomografía”. Cuando llegaron al nosocomio acompañados de un actuario judicial, elementos de la Fiscalía Anticorrupción lo iban sacando por la puerta trasera con rumbo al Penal de Atlacholoaya.

HASTA MAÑANA.