Tanto en los Ayuntamientos como en el Congreso local, la tramitación de pensiones jubilatorias se ha convertido en un foco de corrupción que genera millones de pesos y en la que se encuentran involucrados funcionarios de todos los niveles. Hoy expondremos dos casos en los que afortunadamente se pudo evitar un robo al erario y por lo menos uno terminó bajo proceso penal, pero decenas, quizás cientos, están “disfrutando del botín” con total impunidad.

En el primer caso, la Fiscalía Anticorrupción acreditó ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que la vinculación a proceso obtenida en contra de un ex asesor del Congreso de Morelos por el delito de Fraude Procesal fue debidamente fundada y motivada conforme las exigencias de la Constitución federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este lunes 12 de septiembre de 2022, en audiencia de apelación promovida por la defensa de Miguel “N”, los magistrados resolvieron que son infundados los agravios referidos por el abogado del ex funcionario, por lo que, confirmaron la vinculación a proceso que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el 6 de febrero de 2020.

Como se ha venido informando, Miguel “N”, ex asesor de la Junta Política y de Gobierno, tramitó su pensión por jubilación el 6 de julio del 2018, para lo cual exhibió constancias laborales expedidas por el Ayuntamiento de Coatlán del Río y el Congreso de Morelos, con el fin comprobar más 17 años de servicio.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción acreditaron que el hoy vinculado a proceso tuvo otros empleos durante ese periodo, por lo que resultaba imposible que trabajara para el municipio de Coatlán y para el Congreso. Miguel “N” se vio beneficiado con una pensión de 17 mil 167 pesos mensuales, al haber logrado con las documentales que exhibió, percibir el 60 por ciento de su último salario.

Desconocemos si en este caso se aplicará la “devolución de la copa”, o la máxima de la política que dice: “Lo caído, caído”.

En el otro caso que vamos a poner como ejemplo, es el de Javier Herrera Hurtado, mejor conocido en la región sur como “El Tigre”, quien obtuvo el 23 de enero del 2013 una pensión jubilatoria que le concedió la Quincuagésima Segunda Legislatura Local, por haber trabajado “30 años, 8 meses y 19 días” en el Poder Ejecutivo, en el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, en el de Zacatepec y en el de Tlaltizapán, correspondiendo a éste último la obligación de cubrirle el cien por ciento del sueldo que percibía en su último cargo, que fue como secretario municipal.

De acuerdo al decreto número 143, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso “comprobó fehacientemente” que lo dicho por el trabajador era verídico, por lo que ordenó al Ayuntamiento de Tlaltizapán -en ese tiempo presidido por el doctor Matías Quiroz Medina-, que le pagara a Herrera Hurtado su pensión en forma retroactiva, que para ese momento ya sumaba alrededor de un millón de pesos.

Con lo que no contaba “El Tigre”, era que el médico cirujano contrataría los servicios de un abogado de lujo, nada menos que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, quien se encargó de elaborar cuatro controversias constitucionales de igual número de “trabajadores”, entre ellas la de Herrera Hurtado.

El ahora litigante esgrimió en sus argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la nación que “de la lectura al Decreto 143 ciento cuarenta y tres impugnado, se sigue que la pensión decretada por el Congreso de Morelos, en favor del C. Javier Herrera Hurtado, deberá ser cubierta por el Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, con cargo a su erario municipal, lo cual representa a todas luces una determinación del destino del gasto del Municipio actor, sin que se advierta que se haya dado algún tipo de intervención en dicho procedimiento al Municipio actor”.

Decía haber comenzado a trabajar como auxiliar de almacén en la Junta Local de Caminos del 09 de febrero de 1984 al 31 de mayo de 1986; Jefe de Bodega en la Dirección de Construcción del Programa de Flores del 16 al 28 de febrero de 1987; Jefe de Bodega adscrito a la Dirección de Construcción de Invernaderos del 16 al 31 de julio de 1987; Auxiliar adscrito a la Dirección de Patrimonio y Registro del 16 de julio de 1988 al 14 de enero de 1989; Jefe de sección adscrito a la Dirección de Patrimonio y Registro del 15 de enero de 1989 al 01 de noviembre de 1990.

En el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor de la Presidencia del 02 de noviembre de 200 al 31 de octubre de 2003. En el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Asesor de Programas y Proyectos de la Presidencia del 02 de noviembre de 2006 al 31 de octubre de 2009.

Pero donde decía haber trabajado la mayor parte de su vida (y lo demostraba con constancias) era en el Ayuntamiento de Tlaltizapán, ya que fue “mensajero de Oficios” del 15 de junio de 1976 al 31 de mayo de 1979; Inspector Fiscal Municipal del 01 de junio de 1979 al 04 de marzo de 1982; Fiscal de Obras Públicas del 01 de junio de 1982 al 30 de enero de 1984; Auxiliar de Servicios Públicos del 01 de agosto de 1987 (sic) al 30 de mayo de 1988; Coordinador Administrativo del 01 de junio de 1991 al 30 de mayo de 1994; Coordinador Municipal de 01 de junio de 1994 al 31 de mayo de 1997; Secretario Municipal del 02 de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2006 y del 02 de noviembre de 2009 al 03 de septiembre de 2012.

Todas esas constancias resultaron falsas, lo que fue demostrado por el asesor jurídico del Ayuntamiento de Tlaltizapán mediante interpelaciones notariales a las personas que firmaron los documentos presentados por “El Tigre” para obtener su jubilación. Por ejemplo, Pablo Avilés Barrera, secretario municipal de 1976 a 1979, declaró ante el Notario Público que la constancia donde aparece su firma, es apócrifa.

Así, el primero de enero de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la sentencia de la controversia constitucional 20/2013 en la que la SCJN ordenó al Congreso de Morelos dejar sin efectos el decreto 143 que concedía la pensión jubilatoria a Javier Herrera Hurtado, con lo que el Ayuntamiento de Tlaltizapán se salvó de pagar casi un millón de pesos anuales, considerando que “alguien” le ayudó para hacer constar que ganaba 60 mil pesos mensuales como secretario municipal, cuando en realidad el sueldo era de 20 mil.

Con esos antecedentes el Ayuntamiento de Tlaltizapán bien pudo haber iniciado una denuncia penal, pero en la entrega-recepción “se extravió” el expediente, siendo el último que lo tuvo en sus manos el entonces secretario del Ayuntamiento, Jorge Hernández Jaimes, quien hoy es regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán.

Hábil para acomodarse en las instituciones de gobierno, El Tigre estuvo ocupando una plaza de asesor en el Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos y actualmente forma parte del gabinete del alcalde Gabriel Moreno Bruno, quizás con la idea de hacer un nuevo intento por conseguir la anhelada pensión jubilatoria.

HASTA MAÑANA.