La causa penal JC/254/2022 supera cualquier serie policiaca de Netflix. Un ladronzuelo común al que llamaremos Juan, abre un vehículo estacionado en una plaza comercial y sustrae de la cajuela una computadora Lap Top y con ella una memoria USB. La vende al mejor postor y obtiene unos cuantos miles de pesos. Lo que no sabe es que la víctima del robo es una contadora de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que en los siguientes meses será perseguido con toda la fuerza del estado para que devuelva el aparato y el artefacto, pues contiene información muy importante.

Ese es el origen del asunto que hoy tiene en aprietos a los tres poderes del Estado, ya que la Fiscalía Anticorrupción considera que tres magistrados del Poder Judicial “le echaron la mano” al delincuente y lo dejaron salir, por lo que están pidiendo que se inicie juicio político en su contra. Ahora ya intervino la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), al considerar que la Fiscalía no puede ser juez y parte.

Y es que Juan fue detenido porque la base de datos de la Policía lo identificó con media huella dactilar que los peritos encontraron en el vehículo que no es propiedad de la Fiscalía, sino de la empleada.

Los policías de investigación criminal encuentran al sujeto, lo ponen a disposición del Ministerio Público y luego ante un juez. Se declara legal la detención, se le vincula a proceso y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva..

La defensa solicita la suspensión condicional del proceso y la jueza se la niega. Contra esa resolución, sus abogados del imputado interponen el recurso de apelación y el 15 de julio de 2022, la magistrada María Idalia Franco Zavaleta, Manuel Díaz Carvajal y Juan Emilio Elizalde Figueroa, declaran procedente la suspensión provisional del proceso y dejan en libertad al acusado.

Encolerizado, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, ordena que se haga una solicitud de juicio político contra los tres magistrados antes mencionados, pero además, pide que sean “quemados” ante la opinión pública.

Así, su oficina de Comunicación Social emite un comunicado en el que dice que los magistrados María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N” (nótese que les respetan su derecho a salvaguardar sus apellidos) “violaron la Constitución al determinar la suspensión condicional del proceso y libertad inmediata contra un hombre imputado por Robo Calificado” y en un segundo sumario afirma que “podrían ser destituidos del cargo e inhabilitados para ocupar otro puesto en el servicio público”.

“El sujeto fue imputado por el delito de Robo Calificado y se manejó su proceso en prisión preventiva, sin embargo, el 15 de julio de 2022, los magistrados María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N” dictaron su inmediata libertad, declarando suspensión condicional del proceso, autorizando que se otorgaran 8 mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias de almacenaje, sin embargo, no ponderaron que en estos dispositivos había información reservada y privilegiada”.

“Lo anterior lo realizaron de forma arbitraria, sin abrir audiencia, ni permitir el debate e impidieron el acceso al personal de la Fiscalía Anticorrupción mediante una apelación adhesiva, aun cuando un Juez de Control había determinado que era improcedente la suspensión condicional del proceso”, agrega el comunicado.

En una parte del escrito mediante el cual están solicitando que se inicie juicio político contra los funcionarios judiciales, el vicefiscal A y encargado de Despacho de la Vice Fiscalía adjunta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, doctor Edgar Rodolfo Nuñez Urquiza, afirma que “los denunciados, en su afán de favorecer al imputado, hicieron una interpretación indebida al sostener que las reglas del procedimiento abreviado al encontrarse en el mismo título, no se oponen a las reglas de procedencia de la suspensión condicional e inclusive, afirmaron indebidamente que se trata de idénticos requisitos que se requieren para la procedencia de un procedimiento abreviado, sin observar que son de naturaleza distinta”.

Más adelante, el funcionario del Poder Ejecutivo dice que los magistrados y la magistrada, “denotan ignorancia, animadversión e ineptitud” en su resolución, por lo que pide que se inicie el procedimiento de juicio político en su contra.

Entrevistado por representantes de los medios de comunicación en torno a otros temas, el Magistrado Presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea informó que el Poder Judicial no ha sido notificado oficialmente de algún procedimiento impulsado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ante el Congreso del Estado de Morelos.

Recordó que recientemente, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) expresó que las y los juzgadores atienden un mandato constitucional y convencional, y emiten sus sentencias con base en lo debatido en un juicio, razón por la cual, “ninguna resolución ajustada a derecho puede ser sometida a acoso, pues al incordiar a una persona impartidora de justicia se persigue a la sociedad en su conjunto”.

Por último, el Magistrado Presidente del TSJ detalló que en breve entraría en contacto con el Poder Legislativo para exponer estos argumentos.

De acuerdo al punto de vista de diversos conocedores del derecho que han sido consultados al respecto, no le asiste la razón a la Fiscalía Anticorrupción, la cual no puede desquitarse de esta manera por haber perdido un caso en el que es parte.

Pero lo que todo mundo se pregunta es, ¿Qué contiene esa computadora y la memoria USB que un ladronzuelo sustrajo del vehículo de una empleada que indebidamente se lleva su trabajo a casa como para que haya tanto interés en recuperarla?

Ya hasta están sospechando que en esos dispositivos electrónicos no haya “información reservada de actos de investigación en relación a servidores públicos que están siendo investigados por posibles actos de corrupción y datos administrativos, como son nombres y domicilios de personal adscrito a esta Fiscalía, así como de sus familiares, los cuales son propios de las actividades que desempeña la Fiscalía” –como lo asegura Urquiza en su escrito entregado al Congreso- sino que más bien haya información comprometedora sobre el manejo de los recursos de la institución que encabeza el ex consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez, hoy fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

HASTA MAÑANA.