Alejandro Figueroa Bernal, es el primer periodista en Morelos al que se le ha prohibido la entrada a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como medida de protección solicitada por el Ministerio Público por presuntamente haber amenazado a Leticia “N”, ex líder sindical del Poder Judicial. Hoy viernes se llevará a cabo una nueva audiencia en la que el Juez Eddie Sandoval Lome definirá su situación jurídica, lo que sin duda sentará un precedente para futuros casos que involucren a comunicadores y servidores públicos.

Figueroa Bernal (mejor conocido como Alex) fundó hace 45 años el periódico “El Imperial del Alex”, donde se ha enfocado en la cobertura del Poder Judicial y algunos municipios de la región sur de la entidad con un toque crítico e incómodo para los funcionarios, lo que algunos denominan “periodismo de sátira”. Es de los pocos medios independientes que aún se imprime, lo promueve y entrega en los mismos edificios públicos.

“Con esta medida, a todas luces excesiva, se le está violentando al periodista al menos cuatro derechos: el principio de inocencia, el derecho a la justicia, a la libertad de expresión y el derecho a ejercer el periodismo de manera libre, independiente y crítico; debido a que el TSJ es un edificio público al que el periodista accede para realizar su trabajo”, comenta su abogado, Isaac Hernández Maldonado.

Destacó que desde la primera audiencia se solicitó al juez establecer la medida solo en el área de trabajo de la presunta víctima pero este ignoró la petición. La prohibición fue primero por 30 días, posteriormente, el 15 de julio, sin que el Ministerio Público demostrara el riesgo evidente para la víctima o sin presentar alguna prueba adicional, el juez concedió una ampliación de la medida por otros 30 días, que se cumplirán este 16 de agosto.

Para el abogado, el proceder del Ministerio Público ha sido totalmente atípico, debido a que en lugar de concentrarse en la integración de la carpeta de investigación lo único que ha hecho es solicitar audiencias con el juez con la finalidad de prohibir la entrada al periodista al TSJ. “Es evidente el interés de la Fiscalía en este caso, toda vez que en 48 horas inició investigación, realizó un peritaje en psicología a la víctima y dictaminó afectaciones graves; además están dilatando el proceso de integración de la carpeta”, agregó.

Hasta este momento la denuncia no ha sido individualizada, es decir, hasta ahora no lo han llamado a declarar. Estas medidas impuestas dejan en estado de indefensión al periodista. No se ha entrado al debate de si ocurrió o no el delito, no se ha realizado la audiencia de vinculación a proceso y formulación de imputación, solamente se ha centrado en las medidas de protección para negar al periodista el acceso al Tribunal, lo que resulta muy cómodo para el actual presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea.

Leticia Castro Balcazar fungió por dos periodos (en 2012 y renovación en 2016) como secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM). En 2020 anunció su reelección por tercera ocasión, por lo que la base trabajadora se inconformó e inició una lucha jurídica presentando un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), autoridad que más tarde resolviera la revocación de la toma de nota. A lo largo del proceso los sindicalizados lanzaron una serie de denuncias públicas en su contra y la acusaron de nepotismo y de opacidad en manejo de las finanzas. Todo fue documentado por varios medios locales, incluido “El Imperial de Alex”, lo que molestó a la lideresa.

El viernes 10 de junio pasado, Alejandro visitó al juez José Herrera Aquino, en el Juzgado Tercero Civil y al salir Leticia empezó a tomar fotografías y vídeo de Alejandro con su teléfono celular, lo que molestó al periodista. “Me acerqué a preguntar por qué me estaba grabando porque para mí fue una intimidación”, narró el periodista.

Leticia empezó a gritar: “compañeros el periodista Alejandro me está amenazando” y lo repetía una y otra vez. El periodista intentó calmar la situación pero al ver que no era posible se retiró del lugar. Esa misma tarde la ex líder sindical acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para presentar una denuncia en contra del periodista por presuntamente haber sido amenazada, asegurando que Figueroa expresó: “Te va a cargar la chingada”.

En un hecho poco usual, el Ministerio Público actuó de inmediato y para el día lunes 13 de junio, cuando Alejandro intentaba ingresar al TSJ, fue notificado que como medida precautoria, establecida por la Ley de Protección de Víctimas y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenía prohibido ingresar. El jueves 16 de junio, se celebró audiencia de ratificación de medidas de protección. El Juez Especializado de Control Isidoro Eddie Sandoval Lome prohibió al periodista el ingreso a todas las instalaciones del TSJ, bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación en su contra por el probable delito de amenazas, en agravio de una servidora pública del Poder Judicial. La medida restrictiva impone limitaciones al derecho de libertad de expresión y de acceso a la información del periodista Figueroa Bernal, derechos que el juzgador nunca ponderó, tal y como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, en el artículo 13 de la Convención Americana se establece que las limitaciones impuestas no pueden equivaler a censura, hecho que se materializa en el caso de Figueroa Bernal, al no permitirle el ingreso a una institución pública en donde realiza su labor informativa.

Y en este asunto parece que nada es casualidad. Para impedirle a Alejandro Figueroa su ingreso al Palacio de Justicia tuvieron que coincidir el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y la foto publicada en redes sociales de la fiesta de cumpleaños de Jorge Gamboa el pasado 15 de julio no deja lugar a dudas: Gamboa y Carmona son amiguísimos, aunque ambos nieguen haber dado línea a sus subordinados para perjudicar al veterano periodista.

En una entrevista vía telefónica, la corresponsal de Aristegui Noticias, Estrella Pedroza, cuestionó al magistrado presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea sobre el caso de Alex Figueroa. “Por parte del Poder Judicial no hay ningún veto, es una decisión de un juzgador a solicitud de una medida de protección para cualquier mujer. Habría que leer la Ley para darse cuenta que es una disposición incluso federal de la Ley de Protección de Víctimas y sobre todo en cuestión es género, no es parte del Tribunal si no es una disposición de la Fiscalía, ratificada nada más por un juez por la temporalidad”, dijo.

Al cuestionarlo sobre los antecedentes de agresión por su parte en contra de Alejandro y la coincidencia de que la acusación de Leticia se dé en su administración, donde se observa la utilización del aparato judicial para limitar el ejercicio periodístico, respondió:

“No tengo nada que decir al respecto, serán las investigaciones las que den los resultados, yo no investigo, yo respeto mucho las opiniones del gremio y sus juzgamientos… la denuncia no la presenté yo”.

--Pero este hecho está ocurriendo en su administración. De alguna manera lo involucra sobre todo por el antecedente de la presunta agresión y podría colocarla (a su administración) como la más dura contra la prensa. ¿no cree?, le preguntó Estrella Pedroza.

--Pues si esa es la amenaza… adelante—contestó Gamboa.

El 27 de junio, durante una reunión con integrantes del Comité que forman parte Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, Gamboa Olea acusó abiertamente a Estrella Pedroza de haberlo amenazado al abordar el caso de Figueroa, pero no precisó qué el tema se tocó durante una entrevista.

Como ya se ha informado con anterioridad, en mayo de 2015 el periodista Alejandro Figueroa inició una denuncia en contra del entonces magistrado Jorge Gamboa Olea, pues según su dicho fue agredido en las instalaciones del edificio de la calle de Morrow. Sin embargo, el servidor público fue exonerado por la Fiscalía.