Aunque “emprendedurismo” es una mala traducción de la palabra ‘entrepreneurship’, en los últimos años se ha puesto de moda ese vocablo para definir a alguien que inicia su propio negocio desde cero como un proyecto personal, lo que definitivamente no es ningún ilícito.
Lo cuestionable es cuando ese proyecto para generar ingresos extras se hace utilizando alguna ventaja derivada de su trabajo como servidor público. Eso ocurre en el sistema penitenciario de Morelos, a cargo de Jorge Israel Ponce de León Borquez.
Ejemplos hay muchos, comenzamos por Alexis, quien inauguró un restaurante frente al CERESO Morelos cerrando al día siguiente de su apertura por una nota periodística publicada por este medio informativo.
Después abrió un negocio de materiales para limpieza como cloro, pino, jabón de manos, escobas, etc. en el centro de Xochitepec, en donde la dirección administrativa realizaba sus compras y surtía a los penales y oficinas, atendido por un servidor público apodado “el ocho” en horarios laborales. También quebró.
Nos dicen empleados de los diferentes centros penitenciarios que recientemente llegó una circular indicando a todos los titulares que tienen que ser autosuficientes, es decir, que toda reparación o compra de cualquier índole, llámese papelería, plomería, servicios de autos oficiales, limpieza, etc. “debe ser solventada con los propios recursos de los penales”, el detalle es que los únicos ingresos con los que cuentan son las ventas de las tiendas, así como los generados con la visita familiar a la cual cobran por todo para poder entrar.
Nos explican que desde el mes de diciembre del 2021 no se han autorizado nuevos pases de visita, generando ganancias extras por aquellos que no lo tienen, conocido y denunciado esto por toda la sociedad y negado siempre por la autoridad, es obvio que no invertirán sus dividendos en algo que se supone está dentro de un presupuesto anual.
Recordemos que Raúl Colín Martínez, conocido con la clave “Antrax”, fue removido del cargo de director general operativo con supuesta renuncia, al ser señalado directamente por internos y familiares como responsable junto con Miriam Mireles de aquel motín que terminó en muertes y fugas de internos en octubre del 2019.
Ana Belem, hermana de Adriana Pineda Fernández, fue apoyada en su momento con el puesto de directora técnica, donde ahora está Suri, una más de las conocidas de la familia veracruzana, pero como subdirectora técnica, ¿quién tiene la plaza de directora de esa área?, no se sabe.
“Karla, sobrina de Munguía, la directora administrativa, se encuentra dentro del área administrativa en el Cereso femenil. Fredy es pariente muy cercano de Antrax y responsable del manejo y suministro de gasolina para todos los vehículos administrativos y operativos, utilizados tanto para lo laboral como para viajes particulares a Veracruz”, dice uno de los mensajes enviados desde el interior de Atlacholoaya.
También dicen que Abraham, con clave Omega y señalado como responsable de la renta de teléfonos celulares en el centro de menores, con funciones de subdirector operativo, fue removido de igual forma por no reportar sus negocios o no aportar su cuota al superior.
“Sorprende el caso de la maestra Mireles quien, al ser separada como directora de los centros por el mismo motivo de Colín, fue beneficiada con un puesto de bajo perfil en la UECS, cubriendo después por cuatro meses la dirección de la academia estatal de policía…, continuando nuevamente en bajo perfil, pero cobrando del erario público”.
Miriam Mireles dejó el cargo de director de centros penitenciarios a Barba, quien conoce a fondo la operatividad al ser contralor interno de reinserción social, lo cual le ha permitido venderse bien y continuar en el cargo obedeciendo todo lo que ordene el coordinador Ponce de León.
Las plazas de Directora Administrativa del Sistema Penitenciario, Directora del Centro Penitenciario Femenil y Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, no existen en la estructura orgánica del sistema penitenciario, según los manuales de organización publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
La pregunta es si es legal tener un nombramiento y firmar documentos con puestos inexistentes y más aún cuando se trata de boletas de libertad y cuestiones relacionadas a los procesos legales de las personas privadas de la libertad y otra sería si en su plaza tienen un bono o reciben su compensación por fuera para cubrir el sueldo de los puestos con los cuales firman. Los actuales responsables de los centros penitenciarios de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec firman como encargados de despacho desconociéndose quien cobra con esas plazas, ya que es información catalogada como confidencial.
De acuerdo a personal del sistema penitenciario que pidió el anonimato, existe un faltante considerable de personal médico calificado, pero no se puede saber si las plazas están desocupadas o ya fueron entregadas a conocidos, un ejemplo es la subdirección médica. Cabe mencionar que los sueldos son muy bajos para dichas funciones.
También les llama la atención que no haya una foto de la anterior titular del tutelar de menores con el comisionado mostrando la acreditación ante la Asociación Americana de Correccionales, nadie sabe que pasó.
“Al interior de los centros se permite la venta de productos por catálogo o en forma directa dentro de la jornada de trabajo, al fin y al cabo, parte de la ya conocida burocracia, en otros los operativos de revisión son realizados por el propio personal administrativo por falta de custodios, otro muy grave problema, en el Cereso varonil los dormitorios se quedan sin supervisión debido a que el encargado o cien se va de diligencia”, dice uno de varios correos electrónicos que recibimos la semana pasada.
Entre el personal penitenciario se habla de que Ponce de León puede ser el sustituto del comisionado Antonio Ortíz Guarneros, a pesar de haber ordenado en días pasados un operativo en Jojutla en el cual en plena visita íntima entraron custodios armados a supuestamente hacer una revisión de rutina.
Para ocupar el lugar que dejaría vacante Ponce de León ya están bien apuntados –aseguran- Gilberto Barba y el director de reinserción social, Josué Israel Molina, quienes garantizarían que el negocio continúe.
HASTA MAÑANA.
