Graco Ramírez Garrido tenía una asombrosa habilidad para descubrir dónde había recursos federales para “bajar”. En sus más de 40 años en la política si algo aprendió es que el gobierno federal es una fuente inagotable de dinero, sólo hay que saber dónde está y qué se requiere para usarlo.

El propio gobernador admitió que los casi 50 millones de pesos que se usaron para la remodelación del zócalo estaban a punto de perderse, pero en un tiempo récord se hizo la licitación y se autorizaron los recursos. “De no haberlos usado, se hubieran perdido”, admitió en entrevista.

Ciertamente no era tan necesaria la obra de remodelación, y ese estilo de usar para todo el hierro oxidado no les termina de gustar a todos (prueba de ello es que ya arrancaron la mayoría de los que estaban enterrados por todo el primer cuadro de la ciudad), pero lo importante en ese momento es que no se perdiera el recurso.

Hay otro ejemplo de ese “olfato” que tenía Graco Ramírez para saber de dónde bajar recursos. Seguramente muy pocos saben del Fondo de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), creado en 1997, que posteriormente pasó a ser el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Pues Graco sí sabía de la existencia de ese Fideicomiso federal, y que el 1 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas”, en el que se contemplaba que a través del Fondo se destinarán a las entidades federativas hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios en esta materia.

En diciembre del 2013 “se autoriza el otorgamiento de un apoyo No Recuperable a favor del Gobierno del Estado de Morelos (promotor) hasta por el 100% del costo de los estudios, pero no superior a 31 millones 531 mil pesos más el impuesto al valor agregado correspondiente, para los estudios que comprenden el de análisis costo beneficio y la realización del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Reinserción Social.”

El 3 de julio de 2014 la entonces Secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, firmó  el oficio SH/0962-2/2014 mediante el cual le informa a su similar de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, que “se autoriza la suficiencia presupuestal por la cantidad de 31 millones 531 mil pesos, dentro del Gasto de Capital (inversión pública) convenios federales 2014, específicamente del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para la ejecución de “Estudio para la Realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad, ubicada en Yecapixtla, Municipio de Morelos”.

Para conocer qué empresa se hizo cargo de dicho estudio, se hizo una solicitud de información pública a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Graco Ramírez.

“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes unitarios de obra pública a cargo de esta Dirección General de Licitaciones y contratación de Obra Pública, le informo que se localizó el servicio relacionado con la obra pública denominado Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad y Estudio Análisis Costo Beneficio (Eficiencia), el cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014. El servicio en comento, fue adjudicado a la persona moral denominada “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”, contestó la dependencia a través del arquitecto Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

También se le preguntó “lugar exacto que estaba destinado para esa obra y de quién es la propiedad”, ante lo cual contestó que “el objeto del contrato no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo beneficio de dicho proyecto, motivo por el cual no se localizó ningún predio destinado para su construcción”.

Pero el funcionario mintió o desconoce que cuando se inició el proyecto, ya había un terreno adquirido para tal fin.

Mediante escritura pública número 1385 de fecha 14 de mayo del 2014, pasada ante la fe del Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público número 12 del Estado de Morelos, el Gobierno del Estado adquirió del Sr. Arturo Cardona Marino, en propiedad los predios siguientes:

1. Predio rústico denominado “El Lidón”, ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos, con la superficie, medidas y colindancias que quedaron precisadas en el antecedente I.1 de dicha escritura;
2. Predio rústico denominado el “Lidón” (sic) ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos.

Y efectivamente, al hacer una consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, se encontraron las inscripciones de los contratos de compraventa de los dos predios.

El primero, por escritura 1385 volumen 25 del libro de registro del notario Cortina Mariscal, de un predio de 253,380 metros cuadrados, adquirido por el gobierno del estado, representado por Adriana Flores Garza, José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Carlos Riva Palacio Than e Ignacio Burgoa Llano.

El vendedor es Arturo Cardona Marino, quien se lo compró a Alfredo Montenegro Álvarez en 60 mil 300 pesos en marzo de 1992 y el 14 de mayo de 2014 se lo vendió al gobierno de Graco Ramírez en 23 millones y medio.

El segundo, de 284,130 metros cuadrados, que el mismo Arturo Cardona Marino le compró a Alicia Montenegro Álvarez en marzo de 1992 a un precio de 64 mil 900 pesos, y le vendió al gobierno de Morelos en 26 millones y medio.

El vendedor no es cualquier persona. Arturo Cardona Marino es un general de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con fecha 1 de diciembre de 1982 causó alta como subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y el 1 de diciembre de 1988 como jefe del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo a fuentes consultadas, el precio de la operación estuvo dentro de los parámetros normales, pero hay por lo menos 10 terrenos con las mismas características en la misma zona.

Es decir, que Graco “bajó” recursos federales que estaban prácticamente escondidos y los utilizó para pagar un estudio de factibilidad que costó 31 millones. Cuando el nuevo secretario de Obras Públicas preguntó a sus subordinados qué entregó la empresa como prueba de que se hizo dicho estudio le entregaron 12 discos compactos.

Y el terreno por el que se pagaron los 50 millones ahí está, en espera de ser utilizado.

La pregunta es ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar de comisión por la venta de un terreno en 50 millones de pesos?

Si hubo alguna comisión o “moche” por parte de los beneficiados, éste se dio en efectivo y sin recibo alguno, por lo que no quedó rastro que la Fiscalía Anticorrupción pueda seguir.

Así operaba Graco, por eso no le han podido comprobar nada.

HASTA MAÑANA.