En términos cuantitativos representaría “la criminal número uno” del extinto gabinete de Graco Ramírez y en teoría debería estar “nadando en dinero”. Pero quienes conocen a la arquitecta egresada de la UNAM consideran que se trata de un “chivo expiatorio” y que los que realmente se enriquecieron con esas obras no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa.

De acuerdo con la dependencia que encabeza Juan Jesús Salazar Núñez, tras una intensa audiencia que se prolongó hasta las primeras horas de ayer (por ahí de las tres de la mañana) la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, de la ex secretaria de Obras Públicas, la ex Directora de Infraestructura y un ex supervisor de Obras, todos de la anterior administración del Gobierno Estatal.

La agente del Ministerio Público vertió más de 70 datos de prueba en contra de siete ex funcionarios estatales de la pasada administración, por Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionado con la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec, con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos,  la cual presenta un avance del 40% de su construcción, pero fue entregada como si estuviera al 100% y nunca funcionó.

“A criterio del Juez de Control (al que sólo nos referiremos como “Ulloa” porque luego le da por ordenar que se inicien carpetas de investigación contra quien publique su nombre completo), se acreditó la probable participación de Patricia "N", Lucero "N" y Marco "N" en la comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que determinó auto (de) vinculación contra ellos, en tanto, la Fiscalía Anticorrupción apelará la no vinculación de los demás funcionarios”, dice el comunicado.

Se refiere a Topiltzin N (ahí es cuando me da risa algunas disposiciones de las autoridades de procuración y administración de justicia que tratan de preservar el derecho a la presunción de inocencia), quien no fue vinculado a proceso y quedó en libertad, aunque cabe aclarar que ninguno de los antes mencionados pisó la cárcel ni como medida precautoria.

Despierta suspicacia la actuación del juez, pues mientras que a Patricia Izquierdo la vinculó a proceso bajo el criterio de que debió haberse cerciorado de que se terminara la obra, a Topiltzin lo exonera de toda responsabilidad al considerar que él por su cargo no tendría por qué estar al tanto de los avances de la mencionada construcción.

De manera paralela, Patricia Izquierdo está bajo proceso por otra carpeta de investigación, ésta relacionada con la demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con un costo de más de 75 millones de pesos.

Ahí, comparte la responsabilidad con el ex director general de Licitaciones y Contratación de Obras Pública y al ex director de Control y Seguimiento de Obras.

El 6 de mayo pasado, la Jueza Yaredy Montes Rivera determinó vincular a proceso a la ex secretaria de Obras Públicas y dos ex servidores públicos más, imponiéndoles como medida cautelar acudir a firmar cada mes a la Ciudad Judicial, es decir, no pisan cárcel.

Nótese que ni por asomo se menciona al ingeniero Sergio Arturo Beltrán Toto, subsecretario de Evaluación y Seguimiento, a pesar de que por su responsabilidad era quien directamente tendría que encargarse de verificar el nivel de avance en las obras para determinar si se les pagaba a las empresas constructoras o no.

¿Es Patricia Izquierdo un “chivo expiatorio”? Algunas voces sugieren que sí. Que el jefe de todos ellos los abandonó a su suerte y que la arquitecta es muy honesta, que quien recibía “los moches” de las empresas beneficiadas era Beltrán Toto y se los entregaba de inmediato a Rodrigo Gayosso.

Otros consideran que Patricia Izquierdo forma parte de esa mafia que saqueó al estado durante los últimos seis años y que está acostumbrada a enfrentar y evadir la justicia. Aseguran que todo está orquestado para que la Fiscalía Anticorrupción pueda justificar su trabajo pero que, en el peor de los casos, la sanción que establece el Código Penal para el estado de Morelos para el delito de “Ejercicio Ilícito de Servicio Público” (según reforma de 19 de julio de 2017) es de uno a tres años de cárcel. Es decir, que nunca pisaría la cárcel.

“El lado oscuro de la ex secretaria de Obras Públicas” es una histórica truculenta. Se dice (y hay archivos hemerográficos al respecto) que proviene de Tabasco y colaboraba con sus paisanos Enrique González Pedrero, ex gobernador de aquella entidad, ex director del Fondo de Cultura Económica, ex senador y otras cosas. Así como con Ignacio Madrazo Pintado, hermano de Roberto, ex candidato presidencial.

Es decir si no era priista, sí formó parte del equipo de personajes de ese instituto y su paso a Jiutepec se debió a que venía con el encargo de ambos, para darle seguimiento a la construcción de residencias que los políticos edificaron en la zona. Había trabajado en lo que era el CAPFCE y a la postre, ya en Morelos, se casó con Fernando García Galindo, arquitecto igual que ella, constructor y fundador del grupo Fuerza Ejercida con Responsabilidad (FER) que buscaba la presidencia de Jiutepec en el año 2000, cuando arrasó la ola azul con Liborio Román.

Tras su aplastante derrota como abanderado del PRI, al siguiente trienio negocia con el Partido Convergencia para que su esposa sea regidora en el cabildo que encabezó Demetrio Román; con Rabindranath Salazar Solorio como presidente Fernando ocupa la secretaría de Obras Públicas y le hereda ese cargo a su esposa Patricia, ya con Miguel Ángel Rabadán Beltrán, todos ellos con administraciones bastante cuestionadas en el manejo de los recursos financieros.

Es decir, que a la señora Izquierdo la puso Graco en la Secretaría de Obras Públicas porque sabe “el teje y maneje” de las obras y que no es ninguna “blanca palomita”.

Esas son las dos versiones que se manejan sobre la ex funcionaria.

HASTA MAÑANA.