Uno de los ediles, de quien nos reservamos el nombre, dijo que lo anterior viola la autonomía municipal, porque además se les viene exigiendo la entrega de documentación que puede ser mal utilizada, como el caso de la nómina del personal.

Ante tales circunstancias, adelantó que ya se viene trabajando con otros ediles a fin de iniciar los procedimientos legales ante las instancias federales, a fin de impedir que se apliquen dichas medidas, por representar un riesgo y violación de las normas.

Y consideró poco decente que los presidentes municipales se conviertan en cobradores del Instituto de Crédito, porque además, hay la advertencia de que a aquellos alcaldes que no hagan los descuentos respectivos equivalentes al 6% del salario de sus trabajadores y tampoco los depósitos en tiempo y forma, se les aplicarán multas.

Sí que es algo descabellado, porque además se trata de una simple dirección general que tendría facultades para sancionar a los presidentes municipales y ahí debe haber un exceso en la reforma legal. Como en otros temas en los que se sienten afectados, recurrirán a la lucha legal para defenderse.

Creen que eso de tener que entregar las nóminas es poner en peligro la seguridad laboral del personal y que hay cuestiones que se deben manejar discretamente y no por ocultar acciones de corrupción, sino porque en manos de otra instancia no se sabe cuál pueda ser el uso que se les dé a sus documentos.