“Una visión estratégica para la Plataforma Electoral 2012 y Programa de Gobierno 2012-2018”, de Nueva Alianza, fue dada a conocer a la opinión pública el pasado martes. Se trata de un documento estructurado en tres ejes estratégicos: 1) Competitividad y equidad; 2) Cohesión e integración; 3) Calidad de vida y bienestar social. En esencia acopia las propuestas de la ciudadanía, organizaciones civiles, estudiosos y especialistas en diferentes disciplinas, que han encontrado en Nueva Alianza un canal de expresión y representación política.

Competitividad y equidad

El primer eje plantea la necesidad de avanzar firmemente en la competitividad de México en el nuevo concierto internacional, pero especialmente en el compromiso indeclinable de generar una mayor equidad social, poniendo énfasis en que la educación de buena calidad promueve el crecimiento y el desarrollo económico. De todo esto, se desprende la impostergable necesidad de fortalecer al sistema educativo y a las escuelas. La educación ocupa un lugar central en las preocupaciones del diseño de las políticas públicas de países desarrollados y en vías de desarrollo.

Para consolidar la calidad de la educación como el eje central de la política educativa, es necesaria la decidida participación de los gobiernos, de los padres de familia, de los maestros, de los propios educandos y de la sociedad civil toda. Los esfuerzos realizados en los últimos años, de manera significativa a través de la Reforma Integral de la Educación Básica y la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), apuntan en la dirección correcta. No obstante, es imprescindible generar un compromiso integral del Estado y de los distintos actores políticos y sociales con la educación, de mucho mayor alcance y calado.

Entre otras iniciativas, propone adecuar los planes y programas de estudio de la educación normal para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea en la actualidad la educación básica, a través de una reforma que implique la transformación de las instituciones formadoras de docentes, para que las escuelas normales recuperen su papel protagónico en la construcción de un nuevo modelo educativo; fortalecimiento de los programas de Escuelas de Tiempo Completo; impulso de la evaluación universal obligatoria, perfeccionar y continuar con la implementación del Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes; fortalecer el sistema de competencias educativas y docentes; perfeccionar el programa de Carrera Magisterial.

Es imprescindible, señala en tal sentido el documento, generar un compromiso integral del Estado y de todos los actores políticos y sociales con la educación, lo cual implica una mayor inversión en la educación. Sin una visión integral del contexto social y económico en que se desarrolla la educación, no es posible diseñar y menos aún implementar políticas públicas necesarias y adecuadas para elevar la calidad de la educación. Este principio debe regir el diseño de una política educativa que, incorpore las condiciones económicas, sociales y culturales de México en una vía propia de reforma al sistema educativo.

Cohesión e integración

El segundo eje estima que el país requiere de políticas públicas específicas encaminadas a generar cohesión e integración social para consolidar una paz social verdadera y duradera. Actualmente la política del gobierno federal está definida casi exclusivamente como una “guerra” frontal y abierta en contra de grupos ligados al narcotráfico y el crimen organizado. Se debe reconocer que el origen del crimen organizado y la violencia no se encuentra en una sola causa, sino en un complejo entramado de múltiples causas, subyacentes en un contexto y tejido social particular. Esto implicaría automáticamente pasar de un asunto exclusivo de policías y sistema de sanciones penales, a uno mucho más amplio anclado también en lo social.

La (re) construcción de una sociedad en paz requiere del reconocimiento de que las condiciones económicas y sociales se encuentran erosionadas por la violencia y, por lo tanto, es una tarea colectiva, que exige la participación de la sociedad entera. En particular de sus líderes comunitarios, las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y del sector privado. Sólo así se cubrirán las dimensiones fundamentales del capital social y se consolidará la cohesión y la integración social.

Calidad de vida y bienestar social

En su tercer eje la plataforma de Nueva Alianza establece que para desarrollarse de forma productiva y con estabilidad política y democrática, un país requiere contar con una clase media sólida, con los medios y la capacidad para satisfacer sus necesidades de empleo y consumo básico en materia educativa, de salud, alimentos, vivienda, entretenimiento y recreación. Los trabajadores calificados y organizados son socialmente una columna fundamental de una Nación integrada y productiva.

Se requiere, en ese sentido, asegurar la existencia y viabilidad del sistema de servicios de salud y seguridad social; elevar la calidad del sistema educativo, y garantizar estándares y reglas para la operación de varios de los mercados fundamentales, como el de servicios bancarios, de transporte y de alimentos, entre otros, defendiendo los derechos de los trabajadores y consumidores.

El reto del Estado, en estas nuevas condiciones, no debiera traducirse en la renuncia a su papel de garante primero, y último, de las condiciones generales de bienestar de la sociedad, sino en consolidar su rectoría y responsabilidad frente a la sociedad por medio de esquemas innovadores que propicien la participación de todos los actores y sectores de la sociedad en tareas encaminadas a garantizar la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y de sus comunidades.

Lo anterior implica, necesariamente, bajo las premisas ya señaladas, la convergencia de los recursos y capacidades de la iniciativa privada, de la sociedad civil organizada y de los gobiernos, en alianzas estratégicas de largo plazo, que permitan invertir mayores recursos y ser más eficaces y eficientes en la atención de las demandas y problemas sociales más urgentes del país. Esto podría configurarse, particularmente dentro del marco de lo que se conoce como “responsabilidad social de las organizaciones”: principios que son aplicables tanto en el ámbito público como en el privado, no importando el tamaño de las organizaciones.

Alrededor del país

Condusef.- La semana pasada comentábamos en este espacio que ciudadanos que no tienen crédito alguno (o contrato bancario) padecen el acoso de los despachos de cobranza en sus hogares; es decir, sin ser deudores de la banca “reciben” los estados de cuenta de otras personas que en su momento vivieron en ese lugar. Con el número de folio 2011/PGC/30270 se ingresó una queja por malas prácticas de cobro contra Santander. Su despacho de cobranza, que hace llamadas telefónicas en la madrugada no obstante que se le ha explicado tal situación, ahora le habla de una “inspección extrajudicial para hacer un embargo de bienes” -que como sabemos- son “técnicas” de persecución de deudores de la banca sin ningún sustento jurídico. Están fuera de la ley. Estaremos pendientes de la respuesta de la Condusef a esta queja.