Con sus excepciones, la mayoría no tiene la calificación necesaria para desempeñar el cargo e incluso hasta carecen de interés para todo lo que no sea simplemente recibir dinero.

La mayoría ha comenzado a recibir los beneficios de aquello que invirtieron en la campaña electoral.

Algunos alcaldes decidieron hacer un esfuerzo y mostrar a los gobernados un cierto interés y promueven pequeñas obras, pero no sabemos si el impulso les durará lo suficiente o todo se acabará antes de que concluya el año.

Aunque en teoría existen contrapesos para pedirles cuentas, la intencionada complejidad de esos mecanismos les da a los funcionarios municipales una enorme sensación de impunidad a pesar de que ahora carecen del fuero constitucional.

Y la cuenta de los días (hoy es el 57) seguirá sin que nadie muestre voluntad para corregir lo que desde hace más de una década sabemos que está mal.

Simplemente el llamado "sistema estatal anticorrupción" es un burla, pues está en manos de un empleado de Graco Ramírez y además es abiertamente perredista, lo que hace que todos los alcaldes emanados de ese partido (no muchos) se sienten con la total protección. Eso, por supuesto, también es corrupción.

 Y nadie lo corrige, y ni siquiera se hace el intento, porque los ciudadanos estamos demasiados ocupados en mirar televisión y consumir alcohol. Pobre Morelos.