Nuestra entidad, para fortuna de todos, no forma parte de las estadísticas mortales o de ataques; sin embargo eso no significa el alejarse de los cambios y ajustes legales urgentes que hacen falta para que el Estado garantice la actividad periodística. Y el Estado involucra al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con motivo del aniversario 63 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en México, en voz de su presidente José Martínez Cruz, recordó que en México se ha violentado el derecho a la libertad de opinión y expresión por la censura a los periodistas y 52 casos de asesinato de profesionales de la comunicación. En las cifras se quedó corto, pero el mensaje y su fondo es lo que vale.

El reclamo es para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga especial atención a lo ocurrido en agravio de periodistas mexicanos. Y es que a 63 años de la mencionada declaración, “en este país no se está cumpliendo con el precepto de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. Este derecho, continuó el luchador social, “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El colega Andrés Lagunas detalla: “Martínez Cruz consideró que no hay intereses poderosos que están atentando contra la libertad. Ejercer ese derecho humano, abundó, es un desafío, sobre todo cuando se toca intereses poderosos, ya que pone en evidencia lo que éstos quieren y prefieren mantener oculto, en la obscuridad, en la falta de transparencia”.

Sin dejar de reconocer que se han aprobado instrumentos jurídicos para garantizar el derecho de la libertad de opinión y de expresión, eso ha sido insuficiente, porque tan sólo en el actual sexenio del presidente Felipe Calderón “52 periodistas han sido asesinados y once más desaparecidos”.

La gravedad de la situación es la impunidad, porque no hay castigo a los homicidas, lo cual ha llevado a reconocer en el escenario internacional que México es el país más peligroso para los comunicadores, incluso por encima de Irak.

Mientras no se haga justicia van a seguir los casos de violencia con ese efecto silenciador. La violencia y los ataques contra periodistas en varios estados del país han afectado a toda la población.

En el Poder Legislativo de Morelos, se encuentra el dictamen de la Ley de Seguridad Social y Protección de los Periodistas en Morelos, cuyo contenido es de avanzada y considera los aspectos elementales para que quienes nos desarrollamos en este ámbito, alcancemos las mínimas garantías. Está comprobado a nivel nacional que más del 90% de los reporteros, conductores, editorialistas, columnistas no cuenta con seguridad social y en una gran cantidad ni siquiera con sueldo.

Es más, la comercialización de los espacios obliga a quienes busquen trinchera a pagar por ella y a luchar por esa manutención y por el pago de sus trabajadores ajenos a la empresa. El esquema no es nuevo y no nos asusta, pero hay compañeros que ante la dificultad y crisis permanente de nuestro país, o ante lo más grave, su férrea crítica que se advierte firme y no negociable, quedan sin el apoyo publicitario oficial que les daría para permanecer en el aire.

El presidente municipal de Cuernavaca reconoció la invaluable labor que realizan los medios de comunicación tanto electrónicos y escritos para informar de manera veraz, profesional y responsable a una sociedad cada día más participativa, y en ello estamos de acuerdo, pero esos medios sin comunicadores, sin profesionales del periodismo, serían “rockolas” al aire sin sustento y sin compromiso social.

Es necesario hacer un gran esfuerzo para garantizar que la libertad de expresión en nuestro país no tenga más límites que esos valores universales, la educación, la cultura y la buena convivencia, el bienestar colectivo, pero jamás los ataques, la agresión, las amenazas y además la impunidad, la incapacidad de las autoridades para resolver las agresiones en contra del gremio.

Pero además e igual de grave, la falta de solidaridad de una legislatura como la actual, la LI, en la cual a pesar de contar con un “colega” –léase Omar Guerra Melgar-- en uno de los cargos que podrían definir el buen camino de una ley de avanzada a favor del periodismo en Morelos, nos hemos topado con pared a pesar de haber comprometido su palabra y de haberse dicho convencido de tal legislación ante la Asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos cuya más reciente sesión fue en Cocoyoc, Morelos; eso se llama traición.