La reciente modificación a la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del estado se puede interpretar de dos maneras: la primera, como un triunfo de los concesionarios ante el gobierno; y la segunda, como un gesto de apertura por parte de la autoridad para avanzar en la negociación con el sector transportista.

El primer supuesto significaría que este gremio pretendería un control de las decisiones públicas, más allá de cualquier estrategia gubernamental que busque meter en cintura a quienes por años han sabido explotar el “intercambio” de favores bajo el trillado: “yo te apoyo para que tú me apoyes”.

El segundo rubro tendría que ser parte de una estrategia en la que la administración adecúa un artículo que genera inquietud, a cambio de no dilatar más la urgente modernización del transporte en la entidad.

Con el cambio en este ordenamiento, se suplió un deber por una voluntad que difícilmente tendrán quienes se han destacado por buscar cómo beneficiarse sin pensar en nadie más.