En Morelos, el delito de despojo ha alcanzado niveles preocupantes, según una iniciativa de ley que fue presentada ayer en el Congreso de Morelos.

Este ilícito coloca a la entidad en segundo lugar a nivel nacional, mientras que las sanciones establecidas en el Código Penal del estado no han sido suficientes para inhibir esta práctica, que atenta contra el patrimonio de las familias.

Por ello, legisladores locales revisarán la pertinencia de elevar las penas en un rango de 9 a 12 años de prisión y, en específico, castigar a aquellos funcionarios que se coludan en su práctica.

Sin embargo, este aumento de penalidades aún está por debajo de lo que establecen otros ordenamientos legales estatales. Tan sólo hace unos días, en el Congreso del Estado de México se decidió imponer penas de hasta 25 años y seis meses contra quienes incurran en este delito, ante un contexto que ha afectado a múltiples entidades y que amenaza con extenderse.