El “Plan B” del proyecto de reforma electoral sigue sin atender las cuestiones fundamentales apremiantes para mejorar el sistema electoral en el país, y —en cambio— se pierde en los asuntos de interés exclusivo de un régimen que persigue una hegemonía absolutista en la política nacional.

El recorte de recursos a instancias como los Cabildos municipales o los Congresos estatales no evidencia una visión de austeridad. Los ahorros pregonados en el debilitamiento sistemático de instituciones se convierten en despilfarros en temas paralelos de la agenda oficial.   

Fiscalización y rendición de cuentas eficaces son prácticas que no asumen relevancia en una iniciativa que argumenta el combate a privilegios y el buen uso de los recursos en entes como los mismos partidos políticos.

La reforma a las reglas electorales es necesaria, pero se queda corta en su pertinencia.