Los transportistas migraron a un discurso en el que tratan de justificar que las malas condiciones en las que se encuentran muchas de sus unidades obedecen a que no les alcanza con el costo de la tarifa mínima actual para cubrir las reparaciones, y mucho menos para sustituir sus unidades.

La experiencia nos muestra que, independientemente de cualquier incremento, las mismas “rutas” deterioradas seguirán operando, pues, como bien lo aceptaron los propios transportistas, es difícil que con el incremento –cualquiera que éste sea– logren sustituir los vehículos que ya agotaron su vida útil.

La única salida que se vislumbra, si se quiere llegar a una renovación del parque vehicular del transporte público, es voltear al esquema de apoyos gubernamentales, ya sea a través de créditos o de bonos por cada unidad chatarrizada, tal como lo ha hecho la Ciudad de México y que ha funcionado para que paulatinamente renueve estos automotores.

De avanzar alguna de estas modalidades, estaría por verse si incluyen un incremento a la tarifa mínima o se deja tal y como está, pues no hay que perder de vista que el financiamiento llegaría a través de recursos públicos.