La manifestación que realizó un grupo de transportistas el pasado domingo en diversos puntos de Cuernavaca y que incluyó el Congreso del estado, finalmente tuvo eco, pues los diputados adelantaron que rescatarán una iniciativa para regular los corralones y grúas que operan en la entidad.

Si bien la emisión de una ley en particular o la adición de artículos en alguna de las legislaciones para abordar el tema ayudaría a fijar esquemas de cobro, no es la solución total del problema, como tampoco lo es trasladar a los municipios o al gobierno estatal la responsabilidad de su operación.

Cierto es que existen abusos y que los corralones y grúas operan muchas veces en contubernio para hacer el “negocio rentable”, pero también es cierto que asignar estas funciones a los ámbitos gubernamentales, sin los candados necesarios, es abrir la puerta a la corrupción y a dividendos muy jugosos, como ha sucedido en otras partes del país.