México atraviesa una dolorosa crisis de violencia que permea en todos los sectores de la vida pública, mientras el Estado se desestabiliza en una guerra política en la que en el propio partido en el poder hay fricciones insalvables.

Estados Unidos tiene en curso investigaciones contra actores políticos de nuestro país con posible relación con estructuras de la delincuencia. La cooperación entre autoridades de ambas naciones en asuntos de seguridad es inexistente. El propio gobierno nuestro admite que no es informado de acciones que ejecutan agencias de seguridad e inteligencia del vecino país que alcanzan territorio mexicano.

Las tensiones internas en el proyecto político actual no abonan a la lucha contra el flagelo de la violencia, mientras comunidades enteras del país viven bajo el control de grupos delincuenciales, bajo el cobijo de redes de poder.