Aunque es una cantidad ínfima, el cobro por derecho de piso (en el buen término de la frase y no como sinónimo de extorsión) que el ayuntamiento de Tlaltizapán no puede cobrar en una comunidad de ese municipio delata un vacío de poder que puede ser un factor de inestabilidad social.

Los comerciantes de la comunidad de Santa Rosa 30 y los vecinos de esa población prefieren que sea su autoridad auxiliar la que recabe esa contribución y no la autoridad municipal, lo que habla de un enorme distanciamiento, que puede resultar dañino si se repite en otras comunidades.

No es el único caso en la entidad, pero sí el más reciente que demuestra cómo se crea el vacío de poder, que siempre resulta peligroso para la sociedad porque cualquier fuerza irregular puede ocupar lo que las autoridades no pueden.