Dos mil 326 millones de pesos es lo que se requerirá para pagar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y de los organismos autónomos que ya gozan de esa prestación.

La falta de previsión estrangula desde hace años las finanzas públicas estatales, pero también la de los municipios y del Poder Judicial, pero independientemente del grave problema que constituye financiar las pensiones, nuevamente sale a la luz la conducta perversa de los diputados del G-15, que en su afán de apoderarse de todas las magistraturas ofrecen a los juzgadores de segunda instancia en funciones la posibilidad de retirarse anticipadamente a cambio de un jugoso pago mensual vitalicio heredable.

Si tan solo cinco magistrados que potencialmente pueden optar por esa modalidad la aceptan, se requieren cinco millones de pesos para cubrir el monto de esa obligación.

Es obvio que a esos quince diputados no les importa ni el presente ni el futuro de Morelos.