Más de dos mil 500 personas que se ganaron el derecho constitucional a recibir una jubilación luego de determinados años de servicio en la estructura burocrática de la entidad tienen años a la espera de que el Congreso local autorice esa prestación.

El G-15 ha hecho que todos esos trabajadores que esperan vean como pasa el tiempo mientras siguen ignorados, excepto aquellos con posibilidades para recurrir a la justicia federal.

Para colmo, la situación se ha prestado para que los encargados del tema pongan tarifas para agilizar el procedimiento.

Mientras los afectados viven en una terrible situación, los legisladores que la propician siguen su vida normal, ajenos al daño que causan.