Cuesta trabajo creer que 245 personas dispongan de la cualificación técnica requerida para ejercer correctamente una magistratura en el Poder Judicial de Morelos.

Sin embargo, la banalización que el G15 ha hecho de las funciones del Poder Legislativo hace posible que veamos ese tipo de excesos y alienta la teoría de que los diez cargos vacantes no se asignarán a los mejores, sino a los familiares, amigos y negociantes.

Esa forma de ejercer las altas funciones que el electorado le entregó a los diputados en las urnas provocó la anulación de un fondo que pretendía repartir 300 millones de pesos entre tres municipios, principalmente, lo que derivó en la anulación del mecanismo y la posible pérdida de esos valiosos recursos.

Todos los días surgen ejemplos del daño que sufre la sociedad morelense. Los causantes siguen en sus actos sin ningún remordimiento, a pesar de que las consecuencias de sus decisiones pesarán por lustros (quizá décadas) en la entidad.