Lo más importante de la decisión de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional resuelta ayer es que ha dejado de manifiesto que quienes controlan el Congreso de Morelos violan flagrantemente la ley con tal de salirse con la suya.

El máximo tribunal del país determinó que el proceso legislativo fue violado para aprobar el presupuesto 2023 y la respectiva ley de ingreso, una operación que se hizo en cuatro y dos minutos respectivamente, sin siquiera haber divulgado previamente el contenido de tan importantes documentos.

Y esa es precisamente la forma de actuar del llamado G-15: someten a la votación de los legisladores que les son dóciles reformas, leyes, reglamentos y lo que se les ocurra y requieren sin siquiera darlos a conocer.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo ayer que esos votos a ciegas violan el proceso legislativo y diversas normas constitucionales, lo que da pie a que los numerosos actos de la Legislatura puedan ser impugnados.