Desde que en el sexenio de Carlos Salinas el gobierno federal modificó la ley para que en los hechos solo fuera responsable del pago de la nómina de las escuelas oficiales, los padres de familia cargan con el enorme peso de mantener, rehabilitar y operar los planteles públicos.

El tema es recurrente al inicio y al final de cada ciclo escolar, pero se ha complicado desde que se crearon los consejos de participación social de cada plantel, que carecen de facultades para cobrar cuotas pero lo hacen.

Las necesidades de las escuelas chocan con la precaria economía de los padres de familia y genera conflictos innecesarios pero reales.

Desde hace varias legislaturas el Congreso local ha tenido en sus manos resolver el conflicto, pero no ha sido una prioridad y los actuales diputados mucho menos han pensado en actuar en favor del interés público.