Casi puede tacharse de diabólica la intención del Congreso local de buscar que los magistrados en activo del Poder Judicial se jubilen y dejen sus puestos libres para que los diputados designen en su lugar a incondicionales.

Lo que han demostrado a lo largo de la Legislatura quienes controlan esos quince perjudiciales votos es que no les interesa el bien común ni el bienestar de la sociedad, sino hacer negocios con lo público y beneficiar a sus familiares y amigos.

Propiciar que las magistraturas queden vacantes no tiene como fin mejorar la impartición de la justicia, sino una mala intención que pronto quedará revelada.

Por todo lo anterior es seguro que agotarán los procedimientos para obligar a que la reforma que condensa sus (malas) intenciones pronto sea publicada. Por la falta de mecanismos ágiles para exigir cuentas a los representantes populares, los morelenses hemos quedado excluidos de la decisión que impactará a esta y a las próximas generaciones.