El decreto con el que el G-15 quiere apoderarse del control del Poder Judicial ha sido vetado por el Poder Ejecutivo, que ha señalado con claridad las incongruencias y excesos en que incurren los diputados que controlan en Congreso y el resto de los cómplices que les permiten completar sus quince dañinos votos.

Afortunadamente, los magistrados a los que va dirigida esa norma especial pudieron darse cuenta de la mala voluntad de la medida, porque ni siquiera proveyeron los recursos que se requieren. Es decir, los que acepten retirarse vivirán en el limbo al menos un tiempo, ya que no podrán cobrar sus jugosas pensiones porque no hay dinero para ese fin. Quizá se pueda conseguir más adelante, pero en principio ni siquiera se tomaron la molestia de hacerlo.

Disponer para sus oscuros fines de todas las magistraturas posibles permitirá al G-15 poner a sus incondicionales y lucrar con esas posiciones, al ponerlas al mejor postor. Pero eso es el corto plazo.

A largo plazo el Poder Judicial quedará en manos de grupos de interés y eso torcerá el rumbo de muchas cosas, no solo en los altos niveles de la política, sino en absolutamente todos los actos de la justicia. Un daño que quizá no pueda revertirse en al menos una generación.