Poco a poco, las diversas estructuras del Poder Judicial comienzan a confirmar las sanciones a las que se han hecho acreedores y diputadas y diputados del Congreso local agrupados en el llamado G-15.

La impunidad de la que se consideran merecedores(as) poco a poco se enfrenta a la realidad de la intervención del Poder Judicial federal.

Las sanciones que han recibido van desde amonestaciones y advertencias de multas económicas, hasta la posibilidad de que figuren en el registro nacional de maltratadores por violencia política de género u otros conceptos que les son aplicables por las discutibles conductas que han mostrado lo mismo antes sus homólogos que hacia la ciudadanía en general.

Cada vez están más cerca del cumplimiento obligado de las sanciones a que se han hecho merecedores y la dureza de esos castigos también crece. No son buenas noticias para aquellos que se sienten omnipotentes y por encima de las instituciones locales.