Aunque ya se percibían, los intereses oscuros detrás de la reforma electoral aprobada por el Congreso deben ser muy grandes como para que los diputados que controlan el Poder Legislativo se empeñen en hacer que entre en vigor antes del 2 de junio, algo que se antoja materialmente imposible, por los procedimientos que se requiere cumplir.

La reforma se limita a tratar la representación de las comunidades minoritarias, especialmente la indígena, con la sospecha de que los actuales diputados intentarán auto adscribirse a una identidad que no tienen para tratar de mantenerse en el cargo.

El daño que hacen a la sociedad morelense es cada vez más evidente. Solo el tiempo podrá detener la catarata de excesos en las que los legisladores del G-15 han incurrido.