La conformación de una sociedad civil que agrupa a exdiputados priistas, panistas y perredistas que quieren asesorar a la actual legislatura y que promueven alegremente la reforma electoral que está por aprobar el G-15 exhibe claramente la intencionalidad de los cambios que se quieren hacer a las leyes electorales.

No hay ningún interés superior que quieran atender, sino los inocultables intereses particulares y de grupo que al concretarse dañarán al resto de la sociedad, ya que los cambios que quieren introducir los diputados que controlan el Congreso tienen un elevado coste monetario, para pagar a esos legisladores de más y a los nuevos regidores.

Cuando menos eso mermará los escasos recursos públicos destinados a obra y servicios. Prefieren pagar un elevado sueldo a un regidor que destinar dinero a construir mejores infraestructuras o a arreglar la actual, ya deteriorada.

No hay ni vocación de servicio ni respeto por la ciudadanía.