Los diputados locales que conforman el G-15 finalmente han comenzado el procedimiento para aprobar una serie de reformas electorales que -piensan- les darán algún tipo de ventaja en las próximas elecciones, para hacer frente al desprestigio que acumulan desde que ocupan su curul.

Los ciudadanos que en un terrible desacierto los votaron carecen de auténtica representación, y lo mismo pasa en el Impepac, cuyos consejeros se empeñan en marchar en sentido contrario a los intereses de la ciudadanía, que espera algún atisbo de productividad a cambio de los millones que gastan en una operatividad cuestionable y en lujos que el ciudadano común no puede darse, como el jugoso retiro que recibirán cuando cesen en sus funciones o los autos nuevos que podrán utilizar dentro de poco.

Es muy probable que el voto popular ponga remedio a todos esos excesos, pero para eso hay que esperar al año 2024. Aunque falta cada vez menos, será un plazo largo mientras vemos cómo se degradan esas instituciones.