La creación de un sistema nacional anticorrupción y su homólogo estatal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue una jugada magistral para proteger a quienes usan en su beneficio los recursos públicos, porque es tan complicado el dichoso sistema, que permite la impunidad a través de la prescripción de los cargos.

No es extraño que el Congreso local -mejor dicho, quienes controlan el Poder Legislativo y sus diputados cómplices- sea omiso para convocar a una de las piezas clave que debe recomponer el Comité de Participación Ciudadana.

Su inacción les permite estar a salvo de pesquisas.

El sistema estatal anticorrupción simula perseguir los actos corruptos. Para eso fue creado y es indudable que así seguirán las cosas aunque por un milagro se logre reconstituir.