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El diputado Alejandro Martínez Bermúdez -quien llegó al cargo al adscribirse como indígena sin serlo- tiene mucho que explicar a la sociedad y a sus votantes.
Su silencio no ha hecho más que confirmar las denuncias que pesan sobre él, en el sentido de que a quienes ha conseguido empleo en la nómina del Congreso deben entregarle parte de su salario como pago.
La falta de imparcialidad de las instituciones encargadas de perseguir los delitos le garantizan impunidad y hacen impráctico que los afectados denuncien.
La falta de ética y principios del grupo de diputados que lo protegen y a los que sirve le servirá para seguir en el cargo, pero las movilizaciones sociales y el repudio social que ha generado contra su persona seguramente le han enseñado que -al igual que sus catorce colegas- sigue un camino imparable al basurero de la Historia.
