No contentos con el daño patrimonial que han causado a la población de al menos veinte municipios a los que dejaron sin acceso a un presupuesto para la ejecución de obras públicas porque beneficiaron a sus más allegados, los 15 diputados locales que controlan el Congreso ni siquiera se dignaban a completar el proceso legislativo para poner en marcha el presupuesto 2023.

Incluso pusieron en peligro las leyes de ingresos de 35 municipios, por el mismo motivo, la falta de entrega de los decretos correspondientes para que sean publicados en el periódico oficial Tierra y Libertad.

Los intereses personales de esos legisladores prevalecen por encima del interés de los electores. Nadie puede sentirse representado, ni siquiera quienes viven en los municipios que recibirán más recursos, porque ese dinero en realidad está dirigido a determinadas personas, que lucrarán con la construcción a precios elevados de diversa infraestructura.

Los electores tienen bastantes elementos de juicio para reprobar a sus representantes, pero los ciudadanos deberían hacerse sentir desde ahora e impedir que la actual indiferencia les conceda tanta impunidad.