Aunque el asesinato de la diputada Gabriela Marín fue una desgracia para toda la sociedad, al menos una parte de los legisladores busca capitalizar la nefasta acción. O no puede entenderse de otra manera el hecho de que pidan a una institución notoriamente escasa de personal que se les asigne vigilancia especial.

El Congreso del estado dispone de recursos un 33 por ciento superiores a los que contaba hace dos legislaturas, cuando había 30 diputados.

Hoy quizá sea el mismo presupuesto pero solo veinte legisladores, por lo que hay dinero de sobra para que se paguen la seguridad especial que requieren, pero de los recursos que les fueron asignados y no de los que se destinaron a otros fines.

Parece que nada, ni siquiera una tragedia, puede hacer ver a esos “representantes del pueblo” -como se autodenominaron la semana pasada- que deben cumplir una importante función social, de la que hasta ahora han sido omisos.