Las consecuencias de la reforma aprobada ayer en el Congreso local pueden ser espectaculares una vez que comiencen a destrabarse los grandes temas legislativos que no se podían abordar debido ala parálisis legislativa impuesta por siete diputadas cuyos intereses nada tienen que ver con el interés de la sociedad.

El planteamiento legal asumido desde ahora permitirá que con trece votos se dé lo que se denomina una “mayoría calificada”, exigida por la Constitución a la hora de aprobar los temas de mayor delicadeza e interés.

Son demasiado meses los que se ha mantenido el congelamiento de cualquier acción trascendente, por lo que al tener de nuevo operatividad el Congreso debe poner orden en la parte que le corresponde de la gobernabilidad.

Además, podrá evitarse que la política del chantaje se imponga a la hora de aprobar el gasto público.

No dudamos que los intereses contrarios a los de la sociedad intenten echar abajo la reforma, pero el Poder Judicial de la Federación deberá anteponer el interés público a la hora de resolver la controversia que se avecina.