La Reforma Laboral tiene dos vertientes, por un lado algo que han venido promoviendo varios empresarios extranjeros de flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores, inclusive incluyendo un periodo de prueba en el que en 30 días podrían evaluar la actividad del trabajador.  Esta sería la fase económica de la iniciativa, es decir hacer más accesible a la creación de nuevos empleos, una política laboral menos dura que la actual.  Cuando un país necesita la generación de empleos, es necesario adecuarse a los requerimientos que el Mercado Internacional esta planteando.  En este sentido es una reacción normal la de la Presidencia de la República de bajar la intensidad de la actual Legislación Laboral.

Existe una segunda parte que es la parte política y aquí es en donde se va a dar el verdadero debate.  Hay que recordar que el PRI que ahora formará el nuevo gobierno está estructurado en una forma de sectores, que son el popular, el campesino y el obrero.  Es decir, en el nuevo Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado habrá diputados representando la parte sindical de la estructura del Partido.  Es con seguridad la parte de la fracción parlamentaria que estará dando la batalla por no suavizar la actual Ley Laboral y , sobretodo evitar que se limite el poder de los sindicalizados y sus lideres.  Esto es natural, en el regreso del PRI a la Presidencia de la República el Sector Obrero siente que contribuyó fuertemente tanto la nominación como la elección del candidato presidencial.  Y ellos estarán buscando cuidar sus propios intereses.  Se ha dicho que la iniciativa abarata la contratación y los despidos.  Esto es algo que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, si mantener el aspecto doctrinario de su política laboral o  buscar una renovación de manera que México tenga una mayor probabilidad de avance económico.  Pero sigue siendo este aspecto político la barrera principal que se tiene para su aprobación.

También está la parte que más molesta el sistema sindical, que es la contratación por terceros que permitiría a las empresas contratar trabajadores a través de un intermediario, además no quiere que  se toque la parte del derecho de huelga.  En la iniciativa se pone límites al pago de salarios caídos de los trabajadores despedidos y también establece nuevos requisitos para plantear una huelga.  Esto es algo que presenta muchas dificultades en el Sector Obrero y los diputados y senadores de ese sector tendrán una seria resistencia a estos cambios que ellos consideran sería un paso atrás en la legislación laboral.  Por otra parte el aspecto económico y la creación de empleos es algo que preocupa no solo al actual gobierno sino al gobierno de Peña Nieto que tomará posesión en unos meses.

Esto de mandar al Congreso iniciativas preferentes es una nueva modalidad que permite hacer alianzas y arreglos entre legisladores para suavizar el proceso de integración del nuevo gobierno y tratar de encontrar una formula para haya posibilidad de arreglos dentro del Sistema Legislativo.

Hasta ahora hemos encontrado que la relación entre la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión ha sido bastante tensa.  Muchos de los cambios han sido frenados o por no dictaminar las iniciativas o francamente por oponerse y mandarlas al congelador.  Esta nueva forma de manejar las iniciativas preferentes obliga al Congreso a actuar rápidamente y también a una posible negociación con el Poder Ejecutivo.

Este es un proceso que permitiría que los costos políticos de la reforma se den en el período de transición sin que el nuevo gobierno tenga que asumirlos. El hecho de que el Jefe de Estado sea también el Jefe de Gobierno hace que se tengan que explorar mecanismos alternos para establecer cooperación con el Poder Legislativo. Es claro que haya necesidad de actualizar ciertas normas para el proceso de gobernar, después de los procesos electorales los aspectos ideológicos deben dar paso a las necesidades de gobernar una sociedad tan compleja como la nuestra.