En conferencia de prensa realizada la mañana de ayer, Marcos García Álvarez anunció que por razones de trabajo Alfonso Ocampo Suazo dejó la presidencia del organismo, por lo que por votación interna él quedó en calidad de presidente interino hace unos días.

Ya en ese carácter, hizo la denuncia pública de que la Dirección Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, Usos y Destinos del Suelo está intimidando a diversos negocios para que paguen un impuesto por cambio de uso de suelo que está totalmente fuera de lugar.

Señaló que sus agremiados han recibido requerimientos de la citada dependencia municipal, en los que “se les invita a que en un plazo que no exceda los cinco días hábiles, se suspenda toda actividad relacionada con el fraccionamiento (lotificación) de su predio o terreno, y se sirva usted a pasar a la dirección a mi cargo a presentar la autorización o licencia que establece la ley correspondiente para fraccionamientos, pues se está llevando a cabo por parte de esta dependencia el registro de inspección, control y regulación…”.

García Álvarez –acompañado de otros integrantes de la cámara- aseguró que en primer lugar los negocios ya están construidos y no se puede cobrar de manera retroactiva, además de que este impuesto no está en la ley de ingresos.

“El (artículo) 115 constitucional establece como una facultad del municipio el vigilar el uso del suelo, con el objeto de evitar el crecimiento desordenado y anárquico. Es una facultad que se le reconoce, pero no se puede derivar de ahí el pago de un impuesto que además es diferenciado, dependiendo del tamaño del local, y ha servido para que haya muchas transas. Entre más cosas hay de este tipo, se presta a muchos contubernios. Lo vimos en el periodo de Nelson Torres Mondragón, con aquello de que para que le firmaran (el cambio de uso de suelo a una tienda comercial) le dio cien mil pesos a cada regidor. Está documentado, y él mismo lo reconoció”.

Agregó que este impuesto también se pretendió establecer en la pasada administración de Alberto Cabrera Díaz.

“Esto es totalmente anticonstitucional, y lo vamos a demostrar, y para esto vamos a emitir una serie de volantes, fundados y motivados en el marco jurídico que nos reglamenta, en donde vamos a echar abajo este cobro por injusto, porque es confiscatorio”.

Si el Ayuntamiento requiere de recursos, destacó, que eficiente nada más la operación del gobierno. “Que se apliquen en la cuestión de obras públicas, es ahí donde se va mucho dinero, y que no lo han trabajado, pues cuánta gente construye, y no hay capacidad para que la autoridad pueda detectar todas las construcciones que hay”.

Finalmente, señaló que ayer mismo pedirían audiencia con el edil Enrique Retiguín y el encargado de Fraccionamientos, Marco Antonio Tapia Uribe, “para que nos conceda una audiencia y podamos aclarar este tipo de situaciones y no se siga molestando a la gente”.