Hilario Vital Miranda -asesor jurídico de las demandantes Adelina Torres Guerrero y Reyna Olivares Morales- informó que esta es la primera acción legal de las diversas que se emprenderán en contra de la administración municipal en turno a fin de que las víctimas reciban la pensión de la que gozaban sus esposos hoy finados, y que por ley les corresponde.
Mencionó que la denuncia fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público del municipio por el delito de incumplimiento de funciones públicas y lo que resulte en contra de los integrantes del cabildo del ayuntamiento Dulce Margarita Medina Quintanilla, en su calidad de presidenta municipal; José Santos Cabrera, síndico; y los regidores Yemina Sánchez Mata, Gregorio Vidal Esteban, Javier Ponciano Candelario, Teresa Sámano Ramírez, Alejandra Aranda Martínez, Álvaro Bahena Barrera y Uriel Estrada Jaimes.
La denuncia penal quedó asentada bajo la carpeta de investigación número: PI- UIDD-B/162/2016 por el incumplimiento de funciones públicas y lo que resulté al no proceder con la solicitud de pensión por viudez de la esposas de dos ex trabajadores del ayuntamiento.
El representante legal explicó que las demandantes -una en el año 2011 y la otra en el año 2012- solicitaron una pensión por viudez, ya que sus respectivos esposos se desempeñaron como trabajadores del ayuntamiento pero al cumplir con su tiempo laboral en la función pública les fueron otorgadas su pensión por jubilación, “ambos recibieron su decreto de pensión, pero tiempo después fallecieron, por lo que las viudas solicitaron la pensión de los ex trabajadores por viudez, pero a la fecha no se les ha otorgado”.
Refirió que la “laguna” en dicho procedimiento se derivó de las distintas reformas a la Ley del Servicio Civil que hubo durante la anterior legislatura del Congreso del estado en el tema de pensiones, y paso a ser facultad de los ayuntamientos la determinación de pensiones, lo que ha provocado que a la fecha no se haya resuelto su situación.
Agregó que las viudas recibieron un pre dictamen donde se establecía que sí se cumplía con los requisitos para poder acceder a la pensión del ex trabajador (en uno de los casos en particular) por viudez, pues ellos ya eran pensionados por el municipio y por ende la podían recibir, sin embargo dicha solicitud debían realizarla al ayuntamiento, quienes a la fecha no han cumplido con el derecho de las víctimas.
“Estamos iniciando una serie de acciones legales al respecto, iniciando con la demanda y la próxima semana iniciaremos un amparo por la violación de los derechos humanos de las víctimas, e iniciaremos un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado para hacer valer el derecho de estas personas, a quienes se les han violentado sus derechos, principalmente como mujeres, quienes también han sido discriminadas ya que se tiene pruebas de que el trienio anterior las autoridades en turno aprobaron pensiones a sus allegados, lo que se podría calificar como tráfico de influencias”, apuntó Vital Miranda.
Señaló que cuenta con información que consta que durante la administración anterior se autorizaron alrededor de ocho pensiones, sin embargo al día de hoy aún tienen pendientes alrededor de 32 solicitudes de pensión. “Pero todas fueron de sus conocidos, su gente cercana, quienes no tienen ese contacto no gozan de una respuesta favorable para este procedimiento que por derecho les corresponde”.
Finalmente informó que esperaran los tiempos que establece la Ley, a fin de que la autoridades competente logre que las autoridades municipales cumplan con sus funciones.
