Zona sur.- La diputada local por el XI distrito y presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado de Morelos, Hortencia Figueroa Peralta, no debe excusarse de participar en la comisión encargada del relevo del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), aunque participe su cuñada, estimó la diputada panista Norma Alicia Popoca Sotelo.
La Junta Política y de Gobierno, que preside Figueroa Peralta, emitirá el dictamen que se someterá al Pleno para elegir al nuevo presidente(a) de la CDHEM, cuya convocatoria ya cerró, con más de 40 aspirantes, entre ellos Clara Elizabeth Soto Castor, cuñada de Figueroa Peralta, pues es hermana de su esposo. Por ello, hubo aspirantes que solicitaron que Figueroa Peralta se excusara de participar en la comisión, por conflicto de intereses.
Sin embargo, la diputada Popoca Sotelo consideró que no existe impedimento legal para ello.
“En ningún lado dice que si tienes un familiar en el Congreso está prohibido participar; si eso se pusiera en ley, en la convocatoria, entonces sí. A lo mejor hay algunas vinculaciones familiares que no conocemos de otras personas (en el Congreso de Morelos). Me parece que es excesivo solicitar eso”.
Consideró que los 30 diputados tienen que elegir al nuevo titular en base a su plan de trabajo y todos ellos tienen el derecho de votar por quien le parezca mejor.
Rechazó que Figueroa Peralta le haya pedido que vote por su cuñada Clara Soto Castor y si lo hace, “le respondería que me permita revisar las características de todos los aspirantes y me permita tomar mi decisión libremente”.
Reconoció que al final serán los diputados los que decidan quién se queda al frente de la CDH Morelos, lo que genera suspicacia de que hay cuotas o acuerdos políticos entre los diputados en el Congreso, pero justificó que hoy así están las condiciones.
“Los Poderes están hechos para generar equilibrios y me parece que el legislativo juega ese papel de equilibrios; de repente cuestionados, de repente aceptados. Alguien decía, por ejemplo, que al fiscal debía nombrarlo sólo el gobernador, pero ya ha ocurrido, y luego dicen ‘regrésenselo’ al Congreso. Al final de cuentas me parece que lo que tiene que haber es una vigilancia de la actuación del funcionario designado y ahí sí la sociedad tiene un peso mucho mayor que cualquiera de estos Poderes, si se pone a exigir lo que le corresponde hacer a cada funcionario, servidor público o en este caso un comisionado de derechos humanos”.
