Jojutla.- Diferentes grupos y personas que se consideran víctimas, se reunieron ayer con el fiscal general del estado Javier Pérez Durón, en la fiscalía región surponiente para solicitar avances y conclusión de sus casos.
Ana Luisa Garduño Juárez, presidenta del Frente de víctimas de Morelos, quien acompañaba a familiares de diferentes víctimas, destacó que esta era la segunda reunión con el fiscal para revisar cada una de las carpetas de investigación y darle seguimiento a por lo menos diez casos.
“Necesitamos mesas de reunión, pero mesas de reunión reales, no para que nos den atole con el dedo como siempre y que solamente se engañan a las víctimas. Estamos hablando de por lo menos diez carpetas y la finalidad es que se atiendan y que haya un resultado, porque de promesas todas las víctimas hemos vivido y el resultado nunca lo hemos obtenido, y creo que ya es momento de que las cosas cambien. Esperamos que realmente exista ese compromiso que el fiscal dice que tiene con los ciudadanos y que realmente hoy sí se tomen cartas en el asunto, porque desgraciadamente en las fiscalías tenemos gente corrupta, y no quiere decir que sea la cabeza. Es momento de que se empiecen a limpiar las fiscalías y que realmente cumplan con su función, que es la de dar justicia pronta y expedita”.
Dijo que en la primera reunión que sostuvieron con el fiscal, se le presentaron las carpetas y él solicitó información de cada una de ellas. En esta segunda reunión (ayer), se evaluarían cada uno de los casos de manera específica.
Entre los ciudadanos que demandaban justicia, estaban los familiares del pastor Fausto Barrera Segura, quien fue asesinado hace seis meses y no se tienen avances del caso.
“Se le proporcionó toda información a la policía investigadora, pero el ministerio público hizo las cosas tardíamente y no cumplió con el protocolo de custodia de los elementos que servirían para un buen juicio. Nosotros encontramos un vehículo –que tenía que ver con el homicidio-, se hicieron los peritajes, pero todavía no me lo han entregado, porque dicen que falta un peritaje, pero no lo hacen. A la fecha no hay resultados”, declaró su hermano Misael.
Patricia Carlos Malpica refirió que en el año 2013, su esposo Emilio Bahena Ríos fue golpeado por sus vecinos en Zacatepec y fue a parar al hospital, donde finalmente después de diez días murió. Ella aseguró que señalaron a los responsables, pero las autoridades no quisieron detenerlos “hasta que hubiera pruebas”. Aseguró que presentaron una testiga, pero los responsables le quemaron su casa. Ahora, para que le den información, las autoridades le solicitan un abogado. “Los asesinos de mi esposo se exhiben en redes sociales, pero no los agarran. La policía quiere que nosotros le hagamos al detective y les digamos dónde los podemos encontrar”.
El abogado Carlos Chavarría Solís declaró que el año pasado le robaron una camioneta y detuvieron al responsable en flagrancia, pero el ministerio público en turno lo dejó en “absoluta libertad” y cuando él quiso poner la denuncia, el responsable ya se había cambiado de domicilio.
“También traigo un asunto de personas defraudadas de Coatlán del Río, del cual estamos solicitando que se embarguen bienes de las personas que están denunciadas y se decreten algunos arraigos y se haga la inmediata devolución de sus haberes”.
Asimismo, se entrevistó con el fiscal el dirigente de la unión de productores de vara dulce del ingenio Emiliano Zapata, Manuel Montes de Oca Ramos, quien solicitó avances en su denuncia contra líderes cañeros locales, de la CNC y CNPR.
Todos ellos se reunieron a puerta cerrada con el fiscal.
