El director jurídico del ayuntamiento de Jojutla, Alberto Salgado Pérez, reconoció que el pasado martes 24 de noviembre, la administración –incluida el área de cajas- fue intervenida totalmente por orden de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como medida de presión para pagar un laudo laboral a Roberto Medina, ex trabajador del sistema, cuyo expediente data de 2008. Aseguró que desde entonces han intentando conciliar, pero el abogado del ex trabajador, Marco García García, “es un poquito complicado”.

Explicó que fue desde el pasado lunes 23 de noviembre que llegó el actuario al SAP con una orden de embargo para realizar la diligencia correspondiente, pero fue más allá. Sostuvo que el actuario se extralimitó en sus funciones, pues intervino la caja e hizo un inventario general que se llevó más de cinco horas y hasta quería información del software. Al día siguiente, el martes 24, ya estaba el actor adentro de las oficinas, había abierto el candado y cambiado la chapa, lo cual incluso, se podría prestar a un delito.

Tras hablar con sus representantes, finalmente llegaron al acuerdo de pagarle en partes y reinstalarlo, pero hasta 2016.

“Se le deben 403 mil pesos, pero se quedó en 225 mil pesos, en cinco pagos mensuales”.

Aseguró que a pesar de que la administración termina en diciembre de este año, la ley no le impide hacer acuerdos transtrienales como este.

Subrayó que en esta diligencia, el ex trabajador prácticamente se apoderó de la administración del SAP. “Al propio actor lo pusieron como interventor de la caja, como un supervisor, para ver cuánto ingresa y es que dice la ley que una vez que se hayan pagado todos los pasivos, lo que quede, se va a una caja para ir abonándole al laudo (del ex trabajador).

No obstante, aseguró que finalmente no tocó ni se perdió ningún dinero, aunque sí dejaron de recaudar los pagos durante los dos días, el lunes y martes, por lo que se dejaron de percibir alrededor de 70 mil pesos.

El miércoles se retomó la administración y volvieron a abrir las oficinas.

El director jurídico reconoció que desde el mes de septiembre, el asesor jurídico del SAP fue despedido y aún no ha sido cubierto ese cargo, por lo que la asesoría legal actualmente la está realizando el Ayuntamiento.

“Desde el 30 de septiembre cesaron del cargo al jurídico y apenas se les está liquidando. Actualmente se está coordinando con el jurídico externo y ahorita con un jurídico que nos va a apoyar de manera externa con el sistema de agua potable. Lo más probable es que el Ayuntamiento se haga cargo del área jurídica del SAP hasta que termine la administración y en enero ya le corresponderá nombrar a uno en la próxima administración”.