La visitadora de la CDHM reveló que durante estas administraciones municipales, la Comisión inició alrededor de 139 quejas en contra de servidores públicos principalmente por omisión en el tema de servicios público, por derecho de petición (que es cuando el ciudadano no obtiene ninguna respuesta por parte del servidor público, ni positiva ni negativa), y por mal trato al ciudadano, de las cuales 76 se radicaron durante este último año de las administraciones municipales, dijo.
Mencionó que a poco más de dos meses de que concluyan las administraciones municipales, 38 quejas aún siguen en proceso, de las cuales 13 son en contra de servidores públicos del ayuntamiento de Jojutla, ocho de Zacatepec, cuatro de Tlaquiltenango y Puente de Ixtla cada uno, tres de Miacatlán; Tlaltizapán y Amacuzac dos cada uno, y Amacuzac y Coatlán del Río aún mantiene una cada uno.
“De estás no todas son de las administraciones que van saliendo, si no las que están pendientes por resolverse que tienen que ver por servicios públicos y personal de los ayuntamientos, independientemente de las que hay en contra de elementos del Mando Único”, citó Castañeda Castillo.
Agregó que como cada tres años, con el cambio de administración municipal la visitaduría tiene problema para darle el debido seguimiento con el propósito de que se logre concluir el procedimiento iniciado, ya que de pronto el ayuntamiento responde que no dejó nada el anterior, “esto ya nos está pasando desde ahorita con los ayuntamientos en donde hubo cambios porque el presidente municipal se fue a otro cargo, tal es el caso de Amacuzac, Puente de Ixtla y Zacatepec, en Jojutla no tanto porque aquí pidieron información para documentar el tema y poder atender, pero siempre sucede esta situación”, apuntó.
Comentó que hay administraciones que tienen la intención de dar continuidad al procedimiento y solicitan información para dar el seguimiento correspondiente, pero en otros casos la autoridad es omisa y no le interesa retomar el procedimiento.
Finalmente, Castañeda Castillo aseguró que se dará puntual seguimiento a cada uno de los procedimientos, que deberán de continuar su curso a pesar del cambio de autoridades municipales para resarcir el daño al ciudadano que en su momento vio violentados sus derechos humanos por parte de los servidores públicos.
