A pesar de que se había anunciado una política de “austeridad”, las fricciones que tuvo la alcaldesa con el cabildo -que quería despedir a 30 personas en su ausencia, durante su participación como candidata a diputada- en el último día de su gobierno liquidó al cien por ciento a alrededor de 50 de sus colaboradores más cercanos. El actual alcalde Ruperto Coronel Ocampo, días más tarde declaró que la alcaldesa otorgó liquidaciones superiores al cien por ciento, aunque no especificó cuántas ni a quién.

De acuerdo con una la lista que se dio a conocer y que el ayuntamiento no ha confirmado ni ha desmentido, los finiquitos alcanzan cantidades de hasta 163 mil pesos, como el de la ahora ex tesorera y director de contabilidad, que no llevaba ni un año en el cargo (mientras que al anterior no le han pagado y por ello demandó), una larga lista de 40, 50, 80 y 90 mil, a diferentes funcionarios, hasta los 15 y siete mil pesos. Se acusa que muchos de esa lista solamente llevaban meses trabajando, por lo que las cantidades resultaban extraordinarias, además, por la situación económica en que se encuentra el ayuntamiento.

En entrevista, Figueroa Peralta rechazó que haya otorgado “liquidaciones doradas” y aseguró que son señalamientos de los regidores, porque se les negó la privatización del alumbrado público, del cual querían hacer negocio y recibirían medio millón de pesos si lo aprobaban.

“El desencuentro con ellos se da a partir de el rechazo al tema de la concesión del alumbrado público que a todas luces era un negocio para particulares y que evidentemente estaban muy motivados los regidores del cabildo de Jojutla”.

Dijo que de darse señalamientos de manera jurídica, los atenderá en el área correspondiente, aunque los toma “de quien vienen”. Sin embargo, las liquidaciones “son convenios que se hicieron dentro del marco legal, respetando las prestaciones de los trabajadores”.

No fue ilegal el haber finiquitado la relación de los trabajadores, que incluso estaban en una lista que ya pretendían los propios regidores dar de baja a partir del 15 de agosto, aseveró.

Precisó que ella nunca dijo que las liquidaciones no se iban a pagar al cien por ciento, sino que se establecieron criterios de no pagar completo, pero los laudos laborales.

Interrogada acerca de si ella hubiera pagado igual a todos los trabajadores, en caso de haber terminado su administración, respondió que le tocará al alcalde en funciones finiquitar la relación laboral y revisar en qué condiciones entrega y puede pasarse tres meses echando culpas o “generar las condiciones para hacer una transición correcta”.