Lo anterior, tras el censo realizado durante el 2014 por parte del departamento jurídico de la CDI en la entidad, con el propósito de identificar el número real de los indígenas presos, a fin de conocer su situación jurídica y determinar si podrían recibir el apoyo que promueve el programa de excarcelación que trabaja la dependencia federal.

Rendón Chávez mencionó que este 2015 el programa aún no se ha puesto en marcha, toda vez que el departamento jurídico se encuentra en capacitación, sin embargo, será a partir de marzo cuando se dé seguimiento de dichos procedimientos.

“Como resultado del censo que realizamos desde la CDI y que concluimos el pasado mes de diciembre, se identificaron 67 presos indígenas en el estado en los cuatro Ceresos (Centros de Readaptación Social) como son los de Jonacatepec, Atlacholoaya, Jojutla y Cuautla, de ahí la mayoría de ellos están por delitos que son considerados como graves, y no han pasado más allá de la pena permitida para solicitar algún beneficio de Ley”, explicó el Jefe del Departamento Jurídico.

Sin embargo, aseguró que como última instancia se buscará un acercamiento con el Consejo, con el coordinador de Reinserción Social del estado a efecto de solicitar algún beneficio, “desafortunadamente prevalece el secuestro, homicidio, violación y no podemos participar porque la Ley tiene candados, vemos que dentro del Cereso tengan una vida útil, que esas personas cuenten con los beneficios necesarios, cumplan con sus obligaciones y no sean violentados sus derechos”, dijo.

Agregó que dicho Consejo está conformado por los diferentes órganos de gobierno encargados de la reinserción social en el estado, mismo que valora la situación de los presos, su conducta, perfil psicológico, si ha cumplido con sus deberes y obligaciones al interior de estos centros y esto les permite obtener un beneficio, y es lo más en lo que podemos apoyar a los indígenas que estén recluidos por algún delito considerado como grave.

Rendón Chávez recordó que durante el 2014 este programa logró la excarcelación de 13 personas indígenas, pero todos estaban recluidos por delitos menores, algunos por incumplimiento de asistencia alimentaria, lesiones, choque de vehículos, entre otros casos que se resolvieron con el pago de reparación del daño o de medida cautelar.

Indicó que de un cien por ciento de las solicitudes que han recibido, únicamente el 30 por ciento de ellas han podido ser atendidas debido al tipo de delito de cada uno de los casos que son presentados.

Finalmente señaló que en lo que va del año se tienen ya algunas solicitudes, “tenemos tres, pero  desafortunadamente hay algunos casos que son delitos graves y eso es una limitante que la propia Ley nos impide poder apoyarlos”, apuntó.