De acuerdo con información recabada, el empresario Armando Flores Vargas, demandó en el año 2010 por la vía civil (ante el juzgado segundo civil en materia familiar y de sucesiones de primera instancia del cuarto distrito judicial en el estado) al ayuntamiento local, por incumplimiento de contrato, ya que argumentaba que realizó pies de casa y no se los pagaron en su totalidad. En su demanda, acusa, al entonces edil, Joaquín Carpintero Salazar y a su director de Obras, Miguel Ángel Serafín Martínez, por la falta de pago de un millón, 884 mil 283 pesos.

En abril de 2009, Flores Vargas, en su calidad de contratista, celebró contrato de obra con el entonces alcalde Carpintero, para la construcción de 61 unidades de vivienda rural, del programa “Tu casa” con un costo total de  tres millones 768 mil 567.51 pesos, de lo cual se le entregó un anticipo del 50 por ciento (un millón, 884 mil 283 pesos). Sin embargo, y aunque el gobierno de Carpintero argumenta que sí pagó las obras en su totalidad antes de concluir su periodo, el contratista demandó al Ayuntamiento, que ya estaba a cargo de Ennio Pérez Amador, por el restante 50 por ciento del total del contrato, pues alega que nunca le entregaron el dinero.

En junio de 2010, Pérez Amador, respondió la demanda, mostrando cheques  a nombre de Flores Vargas, firmados por Carpintero Salazar y su tesorero, Alfredo Acevedo. En agosto de ese mismo año, Carpintero Salazar también respondió a la demanda como codemandado afirmando que se cubrió la deuda y haciendo la observación de que Flores Vargas era prestanombres de Jorge Emilio Ortiz López.

El juicio se resolvió en septiembre del 2012 de manera favorable para el Ayuntamiento, sin embargo, Flores Vargas apeló y argumentó que no fue él quien recibió los cheques a su nombre y en mayo del 2013, la tercera sala del primer circuito del Tribunal Superior de Justicia en el estado, revocó la sentencia de la primera instancia y determinó que el Ayuntamiento sí tenía que pagar porque de acuerdo con los peritos, el empresario no recibió los cheques; su firma fue falsificada, por lo que obliga al municipio a pagar al empresario no sólo el 50 por ciento de la obra que reclamaba, sino ahora también intereses, gastos y costos, que acumulan dos millones 934 mil 237 pesos.

En respuesta, el gobierno actual a cargo de Mari Cruz Bastida Muñoz,  presentó una denuncia penal de hechos para deslindar responsabilidades. 

El síndico municipal, Felipe Sánchez Solís, explicó que acordaron con el empresario un espacio para investigar quién dio el dinero y a quién.

“Podrían estartratando de engañarnos en el sentido de que la empresa haya mandado a un trabajador, y el tesorero (de Joaquín Carpintero), con la confianza que tenía hacia la empresa, pues se lo dio a ese trabajador.  Presentamos una denuncia ante la instancia correspondiente para poder así aclarar las cosas y que el tesorero nos diga a quién le entregó esos cheques”.

También admitió que de alguna manera, ese dinero ya se pagó, por lo que buscarán al responsable para que, en caso de no haberlo entregado al empresario, devuelva esa cantidad. “Podría ser que el tesorero, muy ligeramente, accedió a la entrega de estos dineros sin hacerlo del conocimiento al empresario, de que se estaban depositando tales cantidades”.

Dijo no recordar el nombre del tesorero de Joaquín Carpintero, pues tuvo tres durante su periodo, pero serán las autoridades las que investiguen y resuelvan esta situación, aunque reconoció que no es improbable que deban pagar ahora esos casi tres millones de pesos nuevamente, todo dependerá de la investigación.

“Esperemos que la Fiscalía actúe de manera pronta, para que a nosotros nos resuelva en el trascurso de este año, porque en realidad estamos al borde de que nos vengan a embargar, porque ya está en puerta el embargo”.