Esta semana, vecinos de esa comunidad, acusaron que en la construcción de cuarteles militares les estaban privando de una superficie de 320 hectáreas, donde realizaban actividades de pesca y aprovechamiento de la madera.

El día de ayer, en conferencia de prensa, la alcaldesa Hortencia Figueroa confirmó que se hizo un compromiso con los vecinos de Chisco de buscar la intervención del secretario de Gobierno para resolver el problema.

“Su respuesta ha sido en el sentido de que se va a generar una mesa de trabajo donde estará presente la comunidad de Chisco y las comunidades aledañas, también personal  jurídico de parte del gobierno del estado, con el propósito de analizar todos los antecedentes, antes de que exista un pronunciamiento formal del gobierno. El crecimiento que está promoviendo la Secretaría de la Defensa Nacional podría generar una afectación a la comunidad y por eso es importante que también participe la 24ª Zona Militar para revisar cuáles son las alternativas que le van a dar a la comunidad”.

Expuso que aun no hay fecha exacta para la reunión, pero en esta semana estarían revisando el caso y el próximo lunes podría determinarse la fecha.

“Jurídicamente vamos a revisar cuál es la situación, ustedes saben que en la legislatura pasada se tomó la decisión  de donar a la Secretaría de la Defensa Nacional parte del predio ‘Los Lagartos’, donde se señala una superficie que no estaba toda delimitada”.

En cuanto a los señalamientos que hicieron los vecinos de amenazas de parte de elementos del ejército, la alcaldesa llamó a quien haya sido afectado, a denunciar ante las instancias correspondientes.

Responden a ex trabajador; acusan a abogado

En la misma conferencia, la alcaldesa se defendió de las declaraciones del ex trabajador Jorge Silva Valle, quien acusó de insensible a la alcaldesa, porque no le quiere otorgar una indemnización por la pérdida de su pie y ni la pensión vitalicia por su minusvalía y por el contrario, le retiró el apoyo económico.

La presidenta señaló que se le estaba pagando su salario y se le entregaban 300 pesos adicionales a la semana, pero al presentar la demanda contra el ayuntamiento, entonces ahora  la solución se realizará en las mismas instancias laborales.

Dijo que para entregarle una pensión, el ex trabajador debe realizar ciertos trámites y que él ya sabe y no ha hecho, y por otra parte, la ley del servicio civil no considera una indemnización como tal. Además, el ex trabajador está en condiciones mentales de trabajar y se le ofrecieron otras funciones, pero no las aceptó.

Aseguró que hay un trasfondo político en todo este asunto, y acusó a Manuel Guzmán, abogado del ex trabajador, de querer “desgastar el gobierno”, pues tiene “pretensiones políticas”. “Este abogado tiene bajo su defensa varios asuntos que hemos venido resolviendo y se ha venido beneficiando con los distintos laudos, pues él se beneficia al cobrar un porcentaje a estos trabajadores”.

Acusó incluso que a veces acuerdan con los trabajadores, pero el abogado se niega a aceptar los acuerdos.

Una reportera señaló que por versión del abogado, existen otros casos de ex trabajadores con problemas de salud que no han recibido atención, como el de Rafael Campos Valverde (hermano por cierto de una funcionaria del ayuntamiento, de comunicación social, ahí presente) que la alcaldesa aseguró se está atendiendo, se está buscando su incorporación al IMSS.

Sin embargo, la hermana de Campos Valverde, apuntó que a Rafael no le han pagado su salario ni aguinaldo desde hace dos años, ni medicamento. “Lo único que el ayuntamiento le ha dado es la incapacidad y se le pagó sólo una quimioterapia”.